las medidas adoptadas por los Estados miembros o por la Unión que impongan a los participantes en los mercados financieros o a los emisores, cualesquiera requisitos respecto de productos financieros o emisiones de renta fija privada que se ofrezcan como medioambientalmente sostenibles;

los participantes en los mercados financieros que ofrezcan productos financieros;

las empresas que estén sujetas a la obligación de publicar estados no financieros o estados no financieros consolidados de conformidad con los artículos 19 bis o 29 bis de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 1 ), respectivamente.

la proporción de su facturación que procede de productos o servicios relacionados con actividades económicas que se consideren medioambientalmente sostenibles con arreglo a lo dispuesto en los artículos 3 y 9, y

la proporción de sus inversiones en activo fijo y la proporción de sus gastos de explotación relacionadas con activos o procesos asociados a actividades económicas que se consideren medioambientalmente sostenibles con arreglo a lo dispuesto en los artículos 3 y 9.

la generación, la transmisión, el almacenamiento, la distribución o el uso de energías renovables en consonancia con la Directiva (UE) 2018/2001, en particular utilizando tecnologías innovadoras con un potencial de ahorro futuro significativo o mediante los refuerzos o las ampliaciones de la red que sean necesarios;

la mejora de la eficiencia energética, excepto para las actividades de generación de electricidad a que se refiere el artículo 19, apartado 3;

el aumento de la movilidad limpia o climáticamente neutra;

el paso a la utilización de materiales renovables procedentes de fuentes sostenibles;

el aumento del uso de tecnologías de captura y utilización de carbono y de captura y almacenamiento de carbono seguros para el medio ambiente que generen una reducción neta de las emisiones de gases de efecto invernadero;

el refuerzo de los sumideros de carbono, en particular mediante la prevención de la deforestación y de la degradación de los bosques, la recuperación de los bosques, la gestión sostenible y la recuperación de las tierras agrícolas, los pastizales y los humedales, la forestación y la agricultura regenerativa;

la implantación de la infraestructura energética necesaria para posibilitar la descarbonización de los sistemas de energía;

la producción de combustibles limpios y eficientes a partir de fuentes renovables o neutras en carbono, o

la facilitación de cualquiera de las actividades mencionadas en las letras a) a h) del presente apartado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.

registre unos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero que se corresponden con el mejor rendimiento en el sector o la industria;

no obstaculice el desarrollo y la implantación de alternativas de bajas emisiones de carbono, y

no conlleve la retención de activos intensivos en carbono teniendo en cuenta la vida económica de dichos activos.

completar los apartados 1 y 2 del presente artículo estableciendo criterios técnicos de selección para determinar en qué condiciones se considerará que una actividad económica precisa contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático, y

completar el artículo 17 estableciendo criterios técnicos de selección, respecto de cada objetivo medioambiental pertinente, para determinar si una actividad económica en relación con la cual se establezcan criterios de selección de conformidad con la letra a) del presente apartado causa un perjuicio significativo a uno o varios de dichos objetivos.

incluya soluciones de adaptación que o bien reduzcan de forma sustancial el riesgo de efectos adversos del clima actual y del clima previsto en el futuro sobre dicha actividad económica o bien reduzcan de forma sustancial esos efectos adversos, sin aumentar el riesgo de efectos adversos sobre las personas, la naturaleza o los activos, o

prevea soluciones de adaptación que, además de cumplir las condiciones establecidas en el artículo 16, contribuyan de forma sustancial a prevenir o reducir el riesgo de efectos adversos del clima actual y del clima previsto en el futuro o reduzcan de forma sustancial esos efectos adversos sobre las personas, la naturaleza o los activos, sin aumentar el riesgo de efectos adversos sobre otras personas, otras partes de la naturaleza u otros activos.

el efecto adverso del cambio climático sobre la actividad económica en un lugar y en un contexto dados, o

el efecto adverso potencial que el cambio climático pueda tener en el entorno en el que se realice la actividad económica.

completar los apartados 1 y 2 del presente artículo estableciendo criterios técnicos de selección para determinar en qué condiciones se considerará que una actividad económica precisa contribuye de forma sustancial a la adaptación del cambio climático, y

completar el artículo 17 estableciendo criterios técnicos de selección, respecto de cada objetivo medioambiental pertinente, para determinar si una actividad económica en relación con la cual se establezcan criterios de selección de conformidad con la letra a) del presente apartado causa un perjuicio significativo a uno o varios de dichos objetivos.

proteger el medio ambiente de los efectos adversos de los vertidos de aguas residuales urbanas e industriales, en especial de contaminantes que son objeto de preocupación creciente como los productos farmacéuticos y los microplásticos, garantizando la recogida, el tratamiento y el vertido adecuados de las aguas residuales urbanas e industriales;

proteger la salud humana de los efectos adversos de toda contaminación de las aguas destinadas al consumo humano garantizando que estas estén libres de cualquier microorganismo, parásito o sustancia que pueda representar un peligro para la salud humana, y mejorando el acceso de la población al agua potable limpia;

mejorar la gestión y la eficiencia del agua, en particular protegiendo y mejorando el estado de los ecosistemas acuáticos, fomentando el uso sostenible del agua mediante la protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles, por ejemplo, con medidas como la reutilización del agua, reduciendo progresivamente los contaminantes en las aguas superficiales y subterráneas, contribuyendo a reducir los efectos de inundaciones y sequías, o mediante cualquier otra actividad que proteja o mejore el estado cualitativo y cuantitativo de las masas de agua;

velar por la utilización sostenible de los servicios de los ecosistemas marinos o contribuir al buen estado medioambiental de las aguas marinas, en particular, protegiendo, conservando y restaurando el medio marino, y evitando o reduciendo los vertidos en el medio marino, o

la facilitación de cualquiera de las actividades enumeradas en las letras a) a d) del presente apartado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.

completar el apartado 1 del presente artículo estableciendo criterios técnicos de selección para determinar en qué condiciones se considerará que una actividad económica precisa contribuye de forma sustancial al uso sostenible y a la protección de los recursos hídricos y marinos, y

completar el artículo 17 estableciendo criterios técnicos de selección, respecto de cada objetivo medioambiental pertinente, para determinar si una actividad económica en relación con la cual se establezcan criterios de selección de conformidad con la letra a) del presente apartado causa un perjuicio significativo a uno o varios de dichos objetivos.

use los recursos naturales, especialmente materiales sostenibles de origen biológico y otras materias primas, en la producción de modo más eficiente, mediante, entre otras acciones:

aumente la durabilidad, la reparabilidad o las posibilidades de actualización o reutilización de los productos, especialmente en las actividades de diseño y fabricación;

aumente la reciclabilidad de los productos, así como la reciclabilidad de los distintos materiales contenidos en dichos productos, entre otras maneras mediante la sustitución de los productos y materiales no reciclables o su menor utilización, especialmente en las actividades de diseño y fabricación;

reduzca de forma sustancial el contenido de sustancias peligrosas y sustituya las sustancias extremadamente preocupantes en materiales y productos a lo largo de todo su ciclo de vida, de conformidad con los objetivos establecidos en el Derecho de la Unión, en particular sustituyendo dichas sustancias por alternativas más seguras y garantizando su trazabilidad;

prolongue el uso de productos, concretamente por medio de la reutilización, el diseño para su durabilidad, nuevas orientaciones, el desmontaje, actualizaciones, la reparación y el uso compartido;

aumente el uso de materias primas secundarias y la calidad de estas, en particular mediante un reciclado de residuos de alta calidad;

prevenga o reduzca la generación de residuos, especialmente la procedente de la extracción de minerales y los residuos de la construcción y demolición de edificios;

incremente la preparación para la reutilización y el reciclado de residuos;

aumente el desarrollo de la infraestructura de gestión de residuos necesaria para la prevención, para la preparación para la reutilización y para el reciclado, al tiempo que se garantiza que los materiales recuperados resultantes se reciclan como materias primas secundarias de alta calidad en la producción, evitando el ciclo de degradación;

reduzca al mínimo la incineración y evite el vertido de los residuos, incluida la descarga en vertederos, de conformidad con los principios de la jerarquía de residuos;

evite y reduzca la dispersión de residuos en el medio ambiente, o

facilite las actividades mencionadas en las letras a) a k) del presente apartado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.

completar el apartado 1 del presente artículo estableciendo criterios técnicos de selección para determinar en qué condiciones se considerará que una actividad económica precisa contribuye de forma sustancial a la transición hacia una economía circular, y

completar el artículo 17 estableciendo criterios técnicos de selección, respecto de cada objetivo medioambiental pertinente, para determinar si una actividad económica en relación con la cual se establezcan criterios de selección de conformidad con la letra a) del presente apartado causa un perjuicio significativo a uno o varios de dichos objetivos.

prevenir o, cuando esto no sea posible, reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera, el agua o la tierra, distintas de los gases de efecto invernadero;

mejorar los niveles de calidad del aire, el agua o el suelo en las zonas en las que la actividad económica se realiza y minimizar al mismo tiempo los efectos adversos para la salud humana y el medio ambiente, o el riesgo de generarlos;

prevenir o reducir al mínimo cualquier efecto adverso para la salud humana y el medio ambiente provocado por la producción, el uso y la eliminación de productos químicos;

realizar labores de limpieza de los residuos abandonados y de cualquier otra contaminación, o

facilitar cualquiera de las actividades mencionadas en las letras a) a d) del presente apartado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.

completar el apartado 1 del presente artículo estableciendo criterios técnicos de selección para determinar en qué condiciones se considerará que una actividad económica precisa contribuye de forma sustancial a la prevención y control de la contaminación, y

completar el artículo 17 estableciendo criterios técnicos de selección, respecto de cada objetivo medioambiental pertinente, para determinar si una actividad económica en relación con la cual se establezcan criterios de selección de conformidad con la letra a) del presente apartado causa un perjuicio significativo a uno o varios de dichos objetivos.

la conservación de la naturaleza y la biodiversidad, en particular logrando un estado de conservación favorable de los hábitats naturales y seminaturales y de las especies o evitando su deterioro si su estado de conservación ya es favorable, y protegiendo y restaurando los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos a fin de mejorar su estado y su capacidad de prestar servicios ecosistémicos;

el uso y la gestión sostenibles de la tierra, en particular la protección adecuada de la biodiversidad del suelo, la neutralidad en la degradación de las tierras y el saneamiento de los terrenos contaminados;

unas prácticas agrícolas sostenibles, en particular aquellas que contribuyen a mejorar la biodiversidad o a frenar o evitar la degradación de los suelos y otros ecosistemas, la deforestación y la pérdida de hábitats;

una gestión forestal sostenible, con unas prácticas y una utilización de los bosques y de los terrenos forestales que contribuyan a mejorar la biodiversidad o que frenen o eviten la degradación de los ecosistemas, la deforestación y la pérdida de hábitats, o

la facilitación de cualquiera de las actividades mencionadas en las letras a) a d) del presente apartado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.

completar el apartado 1 del presente artículo estableciendo criterios técnicos de selección para determinar en qué condiciones se considerará que una actividad económica precisa contribuye de forma sustancial a la protección y restauración de la biodiversidad y de los ecosistemas;

completar el artículo 17 estableciendo criterios técnicos de selección, respecto de cada objetivo medioambiental pertinente, para determinar si una actividad económica en relación con la cual se establezcan criterios de selección de conformidad con la letra a) del presente apartado causa un perjuicio significativo a uno o varios de dichos objetivos.

a la mitigación del cambio climático, cuando la actividad dé lugar a considerables emisiones de gases de efecto invernadero;

a la adaptación al cambio climático, cuando la actividad provoque un aumento de los efectos adversos de las condiciones climáticas actuales y de las previstas en el futuro, sobre sí misma o en las personas, la naturaleza o los activos;

a una utilización y protección sostenibles de los recursos hídricos y marinos, cuando la actividad vaya en detrimento:

a la economía circular, especialmente a la prevención y el reciclado de residuos, cuando:

a la prevención y el control de la contaminación, cuando la actividad dé lugar a un aumento significativo de las emisiones de contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo, en comparación con la situación existente antes del comienzo de la actividad, o

a la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas, cuando la actividad:

determinar las contribuciones potenciales más importantes para un objetivo medioambiental determinado —respetando al mismo tiempo el principio de neutralidad tecnológica— teniendo en cuenta las repercusiones a corto y largo plazo de una actividad económica precisa;

especificar los requisitos mínimos que deben cumplirse para evitar perjuicios significativos a cualquiera de los objetivos medioambientales pertinentes, teniendo en cuenta las repercusiones a corto y largo plazo de una actividad económica precisa;

ser cuantitativos y contener umbrales en la medida de lo posible o, si no, ser cualitativos;

cuando proceda, basarse en los sistemas de etiquetado y certificación de la Unión, las metodologías de la Unión para evaluar la huella ambiental y los sistemas de clasificación estadística de la Unión, teniendo en cuenta la normativa aplicable de la Unión en vigor;

cuando sea posible, utilizar indicadores de sostenibilidad tal como se dispone en el artículo 4, apartado 6, del Reglamento (UE) 2019/2088;

basarse en pruebas científicas concluyentes y en el principio de precaución consagrado en el artículo 191 del TFUE;

tener en cuenta el ciclo de vida, en particular las pruebas extraídas de las evaluaciones del ciclo de vida de las que se disponga, considerando el impacto ambiental tanto de la propia actividad económica como de los productos y servicios generados por esa actividad, en particular teniendo en cuenta la producción, el uso y el final de vida útil de esos productos y servicios;

tener en cuenta la naturaleza y la magnitud de la actividad económica, en particular:

tener en cuenta el impacto potencial en el mercado de la transición hacia una economía más sostenible, en particular el riesgo de que los activos queden bloqueados como consecuencia de dicha transición, así como el riesgo de crear incentivos incompatibles con la inversión sostenible;

cubrir todas las actividades económicas pertinentes de un determinado sector y garantizar que dichas actividades se traten por igual cuando contribuyan equitativamente a los objetivos medioambientales establecidos en el artículo 9 del presente Reglamento, a fin de evitar falsear la competencia en el mercado, y

ser fáciles de utilizar y fijarse de tal modo que se facilite la comprobación de su cumplimiento.

Si la actividad económica pertenece a una de las categorías mencionadas en la letra h), se indicará claramente ese hecho en los criterios técnicos de selección.

representantes de:

expertos que representen a las partes interesadas pertinentes del sector privado, incluidos participantes de los mercados financieros y no financieros y sectores empresariales, que representen a las industrias pertinentes, y personas con experiencia en contabilidad y redacción de informes;

expertos que representen a la sociedad civil, en particular personas con experiencia en cuestiones ambientales, sociales, laborales y de gobernanza;

expertos designados a título personal, con conocimientos y experiencia acreditados en los ámbitos de aplicación del presente Reglamento;

expertos que representen al mundo académico, en particular las universidades, los institutos de investigación y otras organizaciones científicas, también personas con experiencia a nivel mundial.

asesorará a la Comisión sobre los criterios técnicos de selección a que se refiere el artículo 19, y la posible necesidad de actualizarlos;

analizará la incidencia de los criterios técnicos de selección en cuanto a los costes y beneficios potenciales de su aplicación;

ayudará a la Comisión a analizar las solicitudes recibidas de las partes interesadas con objeto de desarrollar o revisar los criterios técnicos de selección para una actividad económica precisa;

asesorará a la Comisión, en su caso, sobre el posible papel de las normas contables y de elaboración de informes en materia de sostenibilidad en apoyo a la aplicación de los criterios técnicos de selección;

hará un seguimiento de las tendencias en la Unión y en los Estados miembros de los flujos de capital hacia inversiones sostenibles e informará periódicamente a la Comisión al respecto;

asesorará a la Comisión sobre la posible necesidad de adoptar nuevas medidas para mejorar la disponibilidad y la calidad de los datos;

asesorará a la Comisión sobre la facilidad de uso de los criterios técnicos de selección, teniendo en cuenta la necesidad de evitar una carga administrativa injustificada;

asesorará a la Comisión acerca de la posible necesidad de modificar el presente Reglamento;

asesorará a la Comisión sobre la evaluación y el desarrollo de políticas de finanzas sostenibles, incluidas las relativas a la coherencia de las políticas;

asesorará a la Comisión sobre el tratamiento de otros objetivos de sostenibilidad, en particular los objetivos sociales;

asesorará a la Comisión acerca de la aplicación del artículo 18 y de la posible necesidad de completar los requisitos que establece.

los progresos realizados en la aplicación del presente Reglamento en lo que respecta a la definición de los criterios técnicos de selección aplicables a las actividades económicas medioambientalmente sostenibles;

la posible necesidad de revisar y completar los criterios establecidos en el artículo 3 para poder considerar que una actividad económica es medioambientalmente sostenible;

la utilización de la definición de inversión medioambientalmente sostenible en el Derecho de la Unión, y a nivel de los Estados miembros, en particular las disposiciones necesarias para crear mecanismos de verificación del cumplimiento de los criterios establecidos en el presente Reglamento;

la eficacia de la aplicación de los criterios técnicos de selección establecidos en virtud del presente Reglamento para canalizar las inversiones privadas hacia actividades económicas medioambientalmente sostenibles y, en especial, en lo relativo a los flujos de capital, incluido el capital propio, a empresas privadas y a otras entidades jurídicas, tanto mediante los productos financieros englobados en el presente Reglamento como mediante otros productos financieros;

el acceso de los participantes en los mercados financieros englobados en el presente Reglamento y de los inversores a información y datos oportunos y verificables sobre empresas privadas y otras entidades jurídicas, incluidas las empresas participadas dentro y fuera del ámbito de aplicación del presente Reglamento y en ambos casos, en lo que respecta al capital propio y al ajeno, teniendo en cuenta la carga administrativa conexa, así como los procedimientos de verificación de dichos datos que es necesaria para determinar el grado de adaptación a los criterios técnicos de selección y para garantizar el cumplimiento de dichos procedimientos;

la aplicación de los artículos 21 y 22.

actividades económicas que no tengan un impacto significativo en la sostenibilidad medioambiental y actividades económicas que perjudiquen significativamente la sostenibilidad medioambiental, así como una revisión de la idoneidad de los requisitos específicos de divulgación de información relativos a las actividades facilitadoras y de transición, y

otros objetivos de sostenibilidad, como los objetivos sociales.

en lo que respecta a los objetivos medioambientales enumerados en el artículo 9, letras a) y b), a partir del 1 de enero de 2022, y

en lo que respecta a los objetivos medioambientales enumerados en el artículo 9, letras c) a f), a partir del 1 de enero de 2023.