3.12.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 323/1

(1)

El 4 de septiembre de 2007, la Comisión publicó un anuncio (2) de inicio de un procedimiento antidumping relativo a las importaciones en la Comunidad de ácido cítrico originario de la República Popular China. El 3 de junio de 2008, la Comisión, mediante el Reglamento (CE) no 488/2008 (3) (el «Reglamento provisional»), estableció un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de dicho producto originarias de la República Popular China.

(2)

Cabe observar que el procedimiento antidumping se inició a raíz de una denuncia presentada por el Consejo Europeo de Federaciones de la Industria Química (CEFIC) (en lo sucesivo «el denunciante») en nombre de un productor que representaba una proporción importante, en este caso más del 25 %, de la producción comunitaria total de ácido cítrico.

(3)

Según lo establecido en el considerando 14 del Reglamento provisional, la investigación sobre el dumping y el perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de julio de 2006 y el 30 de junio de 2007 (en lo sucesivo, «el período de investigación» o «PI»). En cuanto a las tendencias pertinentes para la evaluación del perjuicio, la Comisión analizó datos relativos al período comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el fin del período de investigación («el período considerado»).

(4)

Tras el establecimiento de derechos antidumping provisionales sobre las importaciones de ácido cítrico originario de la República Popular China, algunas partes interesadas presentaron observaciones por escrito. También se concedió a las partes que lo solicitaron la oportunidad de ser oídas.

(5)

La Comisión siguió recabando y verificando toda la información que consideró necesaria para llegar a sus conclusiones definitivas. En concreto, la Comisión intensificó la investigación con respecto a los intereses comunitarios. En ese contexto, se realizó una visita de inspección adicional tras el establecimiento de las medidas provisionales en los locales del siguiente usuario de ácido cítrico en la Unión Europea:

Además, según se explica detalladamente en el considerando 11, las visitas de inspección se llevaron a cabo en los locales de los siguientes productores exportadores:

(6)

Se informó a todas las partes de los hechos y consideraciones esenciales que motivaban la intención de recomendar el establecimiento de un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de ácido cítrico originario de la República Popular China y la percepción definitiva de los importes garantizados por el derecho provisional. También se les concedió un plazo para que pudieran presentar observaciones después de dicha divulgación de información.

(7)

Se tuvieron en cuenta los comentarios orales y escritos presentados por las partes interesadas y, en los casos en que se consideró apropiado, se modificaron en consecuencia las conclusiones provisionales.

(8)

Un productor exportador volvió a alegar que la versión pública de la denuncia no contenía ningún indicio razonable de perjuicio importante para la industria de la Comunidad, lo que impedía a las partes interesadas ejercer sus derechos de defensa. Según este productor exportador, el caso no debía haberse iniciado debido a la falta de pruebas suficientes en la denuncia. A este respecto, cabe observar que la versión pública de la denuncia contenía todas las pruebas esenciales y resúmenes no confidenciales de datos proporcionados de manera confidencial para que las partes interesadas ejercieran su derecho de defensa a lo largo del procedimiento. Por lo tanto, estos argumentos deben rechazarse.

(9)

Algunas partes interesadas sostuvieron que el producto afectado, según lo establecido en el considerando 16 del Reglamento provisional, y el producto similar no son similares tal como se recoge en el considerando 18 del Reglamento provisional puesto que no compartirían las mismas características físicas y químicas y no se utilizan para los mismos fines. Según esas partes interesadas, la afirmación del considerando 18 del Reglamento provisional no responde a los argumentos presentados durante la investigación y se contradice con el ajuste realizado por la Comisión en la subcotización para separar determinadas cantidades del producto afectado tras la llegada en la UE. En primer lugar, se observa que la investigación ha mostrado que tanto el producto afectado como el producto similar se utilizan en las mismas aplicaciones básicas, es decir, principalmente para la limpieza del hogar (productos para lavaplatos, detergentes, ablandadores de agua) y como aditivos en la comida y bebidas, pero también en el ámbito de los cuidados personales y los cosméticos. La alegación de que el producto afectado no se utilizaría de hecho por determinados usuarios en la industria de detergentes y en la alimentaria y de bebidas por su olor o su color no fue fundamentada mediante pruebas. La investigación ha mostrado que el ácido cítrico europeo solo se ha utilizado en un ámbito concreto, el farmacéutico, a causa del coste del ensayo especial de conformidad exigido. Puesto que el área farmacéutica representa solamente una pequeña porción de las actividades empresariales totales de los usuarios, no se consideró económicamente justificable realizar el ensayo de conformidad. En segundo lugar, no existe ninguna contradicción entre el ajuste realizado en el cálculo de la subcotización para las partes desagregadas del producto afectado tras la importación, según lo mencionado en el considerando 64 del Reglamento provisional, y la declaración de que ambos productos son similares, puesto que basta con que el producto afectado y el producto similar presenten básicamente las mismas características químicas, físicas y técnicas e idénticos usos, algo que ocurre en este caso. Además, se observa que la agregación como tal no se produce a causa de características específicas del producto chino, sino que sucede porque cada ácido cítrico, con independencia de su origen, y debido a su composición química, tiende a agregarse cuando se expone a la humedad y a cambios de temperatura. Naturalmente, puesto que solo el producto afectado se expone durante mucho tiempo a la humedad y a cambios de temperatura durante su expedición a la UE, el problema principalmente atañe al producto afectado, pero no de manera exclusiva. Por lo tanto, el ajuste tiene en cuenta simplemente el hecho de que la desagregación genera costes adicionales principalmente para el producto afectado dado que las cantidades afectadas por la agregación o bien se desagregan (mediante fraccionamiento o licuefacción del producto agregado) antes de su venta, o bien o se venden con una rebaja. Hubo, pues, que rechazar dicha alegación.

(10)

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se concluye definitivamente que el producto afectado y el ácido cítrico producido y vendido en el país análogo (Canadá) así como el que produce y vende la industria de la Comunidad en el mercado comunitario, son productos similares a efectos del artículo 1, apartado 4, del Reglamento de base, y se confirma definitivamente la conclusión expuesta en los considerandos 15 a 17 del Reglamento provisional.

(11)

En la fase provisional de la investigación, se investigaron las alegaciones del conjunto de los exportadores productores conocidos para recibir trato de economía de mercado o trato individual. Solo se incluyeron en la muestra algunos de los productores exportadores y una empresa fue objeto de examen individual. En sus comentarios sobre el Reglamento provisional, varias partes alegaron que este planteamiento tiene algunos defectos. Se reconsideró por lo tanto el asunto y, visto también que las circunstancias del caso como, por ejemplo, los recursos disponibles, permitían aumentar el número de empresas que podían ser investigadas de manera razonable, se decidió finalmente no recurrir al muestreo. Dado que cada empresa que cooperó recibió al menos un trato individual en la etapa provisional, debería establecerse un tipo de derecho individual para cada una de ellas. Por consiguiente, se pidió a tres empresas no seleccionadas en la muestra o examinadas individualmente en la etapa provisional que respondieran a un cuestionario. Sin embargo, solamente dos de estas empresas respondieron al cuestionario. La tercera empresa no respondió a dicho cuestionario y fue retirada de la investigación.

(12)

La empresa mencionada en el considerando 27 del Reglamento provisional insistió en que la subvención mencionada en ese considerando no iba destinada al producto afectado y que el impago de alquileres se justificaba por arreglos privados entre grupos para reducir de los beneficios el alquiler debido. Sin embargo, a falta de cualquier nuevo elemento o información referente al problema, y teniendo en cuenta la distorsión contable que acarrean las prácticas mencionadas con respecto al alquiler, se mantienen y confirman definitivamente las conclusiones relativas a esta empresa.

(13)

Tras la comunicación provisional, un grupo de empresas mencionado en el considerando 25 del Reglamento provisional alegó que había recibido préstamos sobre la base de un análisis financiero detallado de uno de los bancos y tras habérsele reconocido un alto grado de solvencia. Sin embargo, el que un banco llevara a cabo formalmente un análisis y concediera un alto grado de solvencia no suprime el hecho de que la empresa en cuestión dio garantías a otras empresas a pesar de haber hipotecado la mayoría de sus activos no corrientes, ni que los préstamos concedidos a la empresa en cuestión fueron concedidos por un banco que se encontraba bajo control del Estado. Por lo tanto, se mantienen y confirman definitivamente las conclusiones relativas a esta empresa.

(14)

Una de las empresas mencionadas en el considerando 26 del Reglamento provisional insistió en que se quedó penalizada por el hecho de que su accionista mayoritario había adquirido derechos de utilización del suelo a buen precio y los reevaluó correctamente con arreglo a la evolución del precio de mercado. Sin embargo, no pudo explicarse la diferencia enorme entre el precio de adquisición y las evaluaciones posteriores (1 000-2 000 %). Por consiguiente, a falta de cualquier nuevo elemento o información referente a la adquisición y a la posterior reevaluación de los derechos de utilización del suelo y teniendo en cuenta las ventajas que recibió la empresa al obtener activos a precios notablemente inferiores al valor de mercado, se mantienen y confirman definitivamente las conclusiones relativas a esta empresa.

(15)

No habiéndose recibido otras observaciones en relación con el trato de economía de mercado, se confirman definitivamente las conclusiones expuestas en los considerandos 25 a 30 del Reglamento provisional.

(16)

Cinco empresas o grupos de empresas a los que no se concedió trato de economía de mercado cumplían todos los criterios enunciados en el artículo 9, apartado 5, y se les concedió trato individual. Una empresa a la que se le había concedido provisionalmente trato individual, dejó de cooperar y, por consiguiente, no se le concedió al final un trato individual (véanse los considerandos 11 y 34).

(17)

Como se indicó en el considerando 11, tras los comentarios sobre el Reglamento provisional, se decidió que no debía aplicarse el muestreo y se pidió a las tres empresas no seleccionadas en la muestra o examinadas individualmente en la etapa provisional que respondieran al cuestionario. Se determinó un valor normal para una de estas empresas (Laiwu Taihe), a la que se concedió trato de economía de mercado y que respondió al cuestionario.

(18)

Puesto que la única empresa a la que se podía conceder trato de economía de mercado y que fue examinada individualmente en la fase provisional de la investigación no presentó ningún comentario sobre el valor normal, se confirman definitivamente las conclusiones de los considerandos 35 a 39 del Reglamento provisional.

(19)

En cuanto a la única empresa restante a la que se concedió el trato de economía de mercado (Laiwu Taihe) y que fue investigada más detalladamente por los motivos expuestos en el considerando 11, se verificó primero si las ventas nacionales totales del producto similar por parte de la empresa eran representativas en el sentido del artículo 2, apartado 2, del Reglamento de base. Las ventas nacionales del producto afectado se situaron ligeramente por debajo del 5 % de las exportaciones del producto similar a la Comunidad. No obstante, este coeficiente inferior no tiene la suficiente magnitud para realizar una comparación adecuada, y los precios nacionales del producto similar se consideran representativos ante las ventas interiores totales de la empresa en cuestión. Por lo tanto, se utilizaron para determinar el valor normal.

(20)

Para cada tipo de producto vendido para la exportación a la Comunidad por Laiwu Taihe, se estableció si se había vendido en el mercado interior un tipo de producto directamente comparable. Se consideró que los tipos de producto eran directamente comparables cuando eran del mismo tipo de producto (definido por la composición química), y con granulación y envasado comparables. Se determinó que solo en el caso de un tipo de producto vendido para la exportación a la Comunidad se había vendido un tipo de producto directamente comparable en el mercado interior.

(21)

La Comisión analizó acto seguido si se podía considerar que las ventas en el mercado interior de cada una de las empresas se estaban realizando en el curso de operaciones comerciales normales, de conformidad con el artículo 2, apartado 4, del Reglamento de base. Se estableció que se realizaron ventas interiores rentables de este tipo de producto a clientes independientes durante el PI y, por lo tanto, en el curso de operaciones comerciales normales.

(22)

Dado que el volumen de las ventas rentables del tipo de producto representaba entre el 80 % o menos del volumen total de ventas, el valor normal se basó en el precio interior real, calculado como media ponderada de las ventas rentables de ese tipo únicamente.

(23)

Como los precios interiores de Laiwu Taihe no podían utilizarse para establecer el valor normal para los demás tipos de producto, el valor normal se construyó de conformidad con el artículo 2, apartado 3, del Reglamento de base.

(24)

Para calcular el valor normal de conformidad con el artículo 2, apartado 3, del Reglamento de base, los importes relativos a los gastos de venta, generales y administrativos, y al beneficio, se han basado, con arreglo al primer párrafo introductorio del artículo 2, apartado 6, del Reglamento de base, en los datos reales de producción y ventas del producto similar, en el curso de operaciones comerciales normales, de la empresa Laiwu Taihe.

(25)

En sus observaciones sobre el Reglamento provisional, algunas partes alegaron que Canadá no sería un país análogo apropiado dado que EE.UU. ha iniciado recientemente un procedimiento antidumping contra el ácido cítrico originario, entre otros, de Canadá. Por lo tanto, volvió a proponerse Tailandia como país análogo alternativo. No obstante, el análisis mostró que, mientras que no existían medidas antidumping sobre el ácido cítrico originario de Canadá durante el período de investigación, sí se aplicaban durante este período medidas antidumping al ácido cítrico originario de Tailandia. Estas últimas medidas fueron impuestas por India y consistieron en unos elevados derechos antidumping de 374,36 dólares estadounidenses (USD)/tonelada, que expiraron solo en agosto de 2007, es decir, dos meses después del final del período de investigación. Por consiguiente, teniendo en cuenta también los argumentos ya mencionados en los considerandos 42 y 43 del Reglamento provisional y que la investigación de EE.UU. sobre el ácido cítrico originario de Canadá estaba aún en curso en el momento de finalizar esta investigación, se concluye que no hay ninguna razón por la que Tailandia deba ser preferida a Canadá como país análogo.

(26)

De conformidad con el artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base, el valor normal para los productores exportadores mencionados en el considerando 11 a los que no se concedió trato de economía de mercado debe determinarse sobre la base del precio o del valor calculado en un país análogo.

(27)

En el caso de las dos empresas que fueron objeto de investigación más detallada por los motivos explicados en el considerando 11, el precio de exportación se estableció con arreglo a la metodología descrita en los considerandos 45 a 47 del Reglamento provisional.

(28)

Dado que ninguna empresa presentó observaciones sobre los precios de exportación, las conclusiones de los considerandos 45 a 47 del Reglamento provisional quedan definitivamente confirmadas.

(29)

En sus observaciones sobre el Reglamento provisional y la comunicación definitiva, un grupo de empresas denunció la retención de una comisión ficticia sobre las ventas de un comerciante en China, dado que el comerciante formaba parte del grupo. No obstante, se consideró que la empresa comercial había asumido efectivamente la función de un comerciante independiente y que el resultado económico de la relación entre las dos empresas es la equivalente a la de una empresa principal y su agente. Se estableció que el comerciante no solo comercializaba productos elaborados por empresas relacionadas, sino también los realizados por productores independientes. Además, la empresa en cuestión también vendió directamente a clientes no vinculados. Se decidió por lo tanto rechazar la alegación y realizar un ajuste basado en los gastos de venta, generales y administrativos, y los beneficios de los importadores no vinculados, con arreglo al artículo 2, apartado 10, letra i).

(30)

En sus observaciones sobre el Reglamento provisional, un productor exportador alegó que no deberían tenerse en cuenta los costes de la conversión de divisas dado que, según el artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base, se concederá a los exportadores un plazo de sesenta días para repercutir una tendencia confirmada de los tipos de cambio durante el período de investigación. Esta alegación se pudo aceptar, y el margen de dumping del productor exportador se ajustó en consecuencia.

(31)

En el Reglamento provisional, se dedujo del precio de exportación el IVA no reembolsable sobre las ventas para la exportación, con arreglo al artículo 2, apartado 10, letra b), del Reglamento de base. Un productor exportador alegó en sus comentarios sobre el Reglamento provisional que no debía hacerse tal ajuste sobre el precio de exportación, dado que el artículo 2, apartado 10, letra b), del Reglamento de base solamente hacía referencia al valor normal. Se reconoce que el ajuste previsto de conformidad con el artículo 2, apartado 10, letra b), del Reglamento de base, solamente hace referencia al cálculo del valor normal. De hecho, la deducción previamente mencionada del precio de exportación es correcta y debe realizarse de conformidad con el artículo 2, apartado 10, letra k), del Reglamento de base. Durante el análisis de esta alegación, se observó un error de transcripción en el cálculo del ajuste para la empresa en cuestión y que se había cometido el mismo error con respecto a otras empresas. Estas inexactitudes se rectificaron y han llevado a ligeras correcciones a la baja en los márgenes de dumping calculados previamente para estas empresas.

(32)

Al examinar la alegación mencionada en el considerando 31, se constató que no se había realizado el ajuste necesario en el caso de una empresa a la que se concedió trato individual. Esto se ha rectificado produciéndose un ligero incremento del margen de dumping de esa empresa.

(33)

A falta de otras observaciones con respecto a la comparación, y salvo los cambios indicados en los considerandos 30, 31 y 32, se confirma definitivamente lo expuesto en los considerandos 48 a 50 del Reglamento provisional.

(34)

En el caso de las dos empresas que fueron objeto de investigación más detallada por los motivos explicados en el considerando 11, el margen de dumping se estableció con arreglo a la metodología descrita en el considerando 51 del Reglamento provisional. En el caso de la empresa que no respondió al cuestionario y fue retirada de la investigación, según lo explicado en el considerando 11, se considera que esta empresa no cooperó y las conclusiones se basan en hechos disponibles de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento de base. En este caso, considerando el alto nivel de cooperación mencionado en el considerando 19 del Reglamento provisional, se ha atribuido a esta empresa el margen de dumping más elevado con respecto a las demás empresas.

(35)

Se volvieron a calcular los márgenes de dumping de todas las empresas que ya habían sido investigadas en la etapa provisional para corregir las inexactitudes mencionadas en los considerandos 30, 31 y 32. Este nuevo cálculo supuso unas ligeras correcciones de los márgenes de dumping.

(36)

Al no haberse recibido ningún nuevo elemento, quedan confirmadas definitivamente las conclusiones del considerando 53 del Reglamento provisional sobre el nivel de cooperación.

(37)

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, los márgenes de dumping definitivos, expresados en porcentaje del precio cif en la frontera comunitaria, no despachado de aduana, son los siguientes:

(38)

Algunas partes interesadas alegaron que la SA Citrique Belge NV cesó la producción después del período de investigación y solamente comercializaba el producto afectado importado de su empresa vinculada en China (DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd), por lo que, según ellas, SA Citrique Belge NV no debía formar parte de la industria de la Comunidad. No obstante, esta alegación no se fundamentaba en ninguna prueba, y de los datos presentados por SA Citrique Belge NV se deduce que la empresa continuó la producción.

(39)

Una parte interesada también alegó que el considerando 56 del Reglamento provisional solo ofrecía una serie de importaciones de SA Citrique Belge NV procedentes de su productor chino vinculado durante el período de investigación. Esta parte adujo que debía proporcionarse la tendencia de todas las importaciones de la industria de la Comunidad de las empresas vinculadas y no vinculadas correspondiente al conjunto del período considerado puesto que las importaciones constituyen un factor importante para la evaluación de la producción comunitaria y, por lo tanto, para la conclusión de la existencia de perjuicio. La investigación ha confirmado que, durante el conjunto del período considerado, las importaciones de la industria de la Comunidad fueron insignificantes, es decir, entre el 1 y el 6 % de la producción (este intervalo se da por razones de confidencialidad). Por tanto, la alegación debe rechazarse y se confirman definitivamente los considerandos 55 a 58 del Reglamento provisional.

(40)

Como no se recibió ninguna información nueva y sustanciada sobre el consumo comunitario, quedan confirmados definitivamente los considerandos 59 y 60 del Reglamento provisional.

(41)

No se encontró ni recibió ninguna información nueva y fundamentada sobre los volúmenes, cuota de mercado y precios de importación; por lo cual, y a falta de alegaciones o argumentos de las partes interesadas sobre el volumen y los precios de las importaciones en cuestión, se confirman definitivamente las conclusiones de los considerandos 61 a 63 del Reglamento provisional.

(42)

Durante la etapa provisional de la investigación, a fin de comparar el producto afectado y el ácido cítrico producido por la industria de la Comunidad en la misma fase comercial, se introdujo un ajuste en el cálculo de la subcotización de los precios para tener en cuenta el margen de beneficio (incluidos los gastos de venta, generales y administrativos) de los importadores no vinculados, así como un ajuste para tomar en consideración los gastos de tratamientos especiales que sufragan los importadores en la Comunidad para separar algunos volúmenes del producto en cuestión antes de volver a venderlos. Sin embargo, debido a una ligera revisión de los datos sobre el nivel de ajuste comercial, la media ponderada de los márgenes de subcotización de precios calculada y observada del 17,42 % se revisó a la baja, hasta un 16,54 %.

(43)

Tras la comunicación final, un productor comunitario alegó que el nivel de los ajustes comerciales también debería aplicarse a las ventas de la industria de la Comunidad, es decir, que deberían tenerse en cuenta sus ventas realizadas a través de operadores comerciales. En ese sentido, cabe observar que se realizó un ajuste del nivel comercial respecto a los precios de venta de la industria de la Comunidad antes de compararlos con los precios de importación del producto afectado.

(44)

El mismo productor comunitario también solicitó aplicar al producto similar el ajuste utilizado para tomar en consideración los gastos de tratamientos especiales para separar algunos volúmenes del producto afectado. No obstante, esta solicitud no se justificó con datos sobre los gastos específicos acometidos por este productor comunitario y, por consiguiente, no se pudo aceptar la misma. Visto lo anterior, se confirma definitivamente el considerando 64 del Reglamento provisional.

(45)

Algunas partes interesadas alegaron que la Comisión no había analizado a fondo todos los indicadores de perjuicio y, por tanto, no se había establecido ningún vínculo adecuado y completo entre la situación de la industria de la Comunidad y las importaciones chinas. En especial, se adujo que no se había realizado ninguna evaluación de los avances positivos de ciertos indicadores de perjuicio. Cabe observar que, si bien algunos indicadores de perjuicio muestran una evolución positiva reconocida en el considerando 79 del Reglamento provisional, en general se advierte un deterioro de la situación de la industria de la Comunidad. La mejora moderada de la producción, la capacidad de producción, la utilización de la capacidad, los niveles de volumen de ventas y de precio unitario, así como la eficacia económica cada vez mayor descrita en el considerando 76 del Reglamento provisional reflejan los esfuerzos de los productores comunitarios por seguir siendo competitivos durante el período considerado y para beneficiarse del incremento del consumo. Sin embargo, como puede verse en el considerando 68 del Reglamento provisional, a pesar de estos esfuerzos la industria de la Comunidad perdió cinco puntos porcentuales de su cuota de mercado (del 54 % al 49 %), debido sobre todo a las importaciones chinas a precios bajos y objeto de dumping. Como factor agravante, también se menciona que la industria comunitaria podía esperar recuperar alguna cuota del mercado perteneciente a esos tres productores comunitarios de ácido cítrico que cesaron sus actividades en 2004. Por el contrario, no pudo recuperar los clientes de esos tres productores comunitarios ni beneficiarse del aumento de consumo. Esta pérdida significativa de cuota de mercado, junto con unos indicadores financieros en claro deterioro, a saber, la rentabilidad, el rendimiento de las inversiones y la tesorería, muestran que la situación global de la industria de la Comunidad empeoró durante el período considerado y parecía estar en su fase más crítica durante el período de investigación. Además, la disminución de las existencias no puede valorarse como una evolución positiva de la situación de la industria de la Comunidad en este caso, puesto que no puede considerarse como un indicador significativo, dada la naturaleza del producto, que impide el almacenamiento de larga duración.

(46)

Una parte interesada alegó que las inversiones no son constantes en este ámbito sino que siguen determinados ciclos de inversiones. Mientras que, en condiciones de mercado normales, es evidente que no cabe esperar importantes inversiones todos los años, el hecho de que durante todo el período ninguno de los dos productores comunitarios efectuara inversión alguna de envergadura se considera señal de que la baja rentabilidad (que se convirtió en pérdidas a partir de 2006) impidió invertir de manera importante. Por lo tanto, se considera que la inversión es un indicador particularmente significativo de perjuicio en este caso.

(47)

Por último, debería estudiarse la capacidad de los productores comunitarios para reunir capital. A este respecto, la investigación ha mostrado que ambos productores comunitarios, debido al deterioro del comercio de ácido cítrico, tenían dificultades para reunir capital.

(48)

Una parte interesada alegó que el denunciante fue al menos capaz de obtener capital para otros productos puesto que anunció en febrero de 2007 la construcción de una nueva planta de glucosa. A este respecto, se observa que el ámbito de la investigación se limita a la capacidad de reunir el capital en relación con el producto en cuestión, es decir, el ácido cítrico, que parecía afectada negativamente por la situación financiera de la industria comunitaria.

(49)

Basándose en lo anterior, se confirma definitivamente la conclusión establecida en el considerando 72 del Reglamento provisional sobre la inversión de la industria de la Comunidad.

(50)

Una parte interesada alegó que las conclusiones anunciadas en el considerando 73 del Reglamento provisional no pudieron contrastarse con las cuentas de ambos productores comunitarios y, en concreto, ninguna de las cuentas mostraba el coste extraordinario de reestructuración mencionado. A este respecto, se observa que, durante el período considerado, el resultado extraordinario de un productor comunitario se vio afectado en gran medida por los esfuerzos de reestructuración, presentados en las cuentas como un coste o ingreso dependiendo de si se refiere a la adición o a la liberación de una provisión y por derechos pagados a la empresa matriz en Suiza. Por consiguiente, se consideró más apropiado utilizar el resultado de funcionamiento como base para el análisis de perjuicio en vez del beneficio neto.

(51)

La misma parte alegó que la multa por comportamiento anticompetitivo que se impuso en 2005 a las dos empresas matrices de los productores comunitarios podía haber incidido en los beneficios de la industria de la Comunidad. Cualquier efecto derivado de la multa (tanto la adición como la liberación de provisiones) se ha registrado como resultado extraordinario. Como se menciona en el considerando 50, el resultado de funcionamiento se ha utilizado en este procedimiento como indicador de perjuicio. Por lo tanto, la multa a los productores comunitarios no pudo afectar a la situación de beneficio utilizada en el análisis de perjuicio. Además, cabe observar que la industria de la Comunidad fue deficitaria desde 2006 hasta el final del período de investigación. Por lo tanto, se confirman definitivamente las tendencias expuestas en el Reglamento provisional.

(52)

Varias partes interesadas señalaron una cierta incoherencia entre la tendencia de la rentabilidad y el rendimiento de las inversiones. Contrariamente a la rentabilidad, que se determinó expresando el beneficio de explotación de las ventas del producto similar a clientes no vinculados como porcentaje del volumen de negocios de esas ventas, el rendimiento de las inversiones se calculó como beneficio neto en porcentaje del valor contable neto de las inversiones. Por mor de coherencia en el cálculo de todos los indicadores de perjuicio, el cálculo del rendimiento de las inversiones se recalculó en función del beneficio de explotación en porcentaje del valor contable neto de las inversiones. Las cifras revisadas son las siguientes:

(53)

Las cifras revisadas siguen la misma tendencia, por lo que no modifican la conclusión expuesta en el considerando 74 del Reglamento provisional, que queda por lo tanto confirmada definitivamente.

(54)

A falta de otros datos o argumentos nuevos y fundamentados relativos a los índices de producción, el volumen de ventas, la cuota de mercado, el precio unitario de venta, las existencias, la tesorería, el empleo, la productividad, los salarios y la amplitud del margen de dumping, se confirman definitivamente las conclusiones de los considerandos 66 a 71, 73 y 75 a 78 del Reglamento provisional. Además, las cifras corregidas dadas para el rendimiento de las inversiones dejan inalteradas las tendencias tal como se afirma lo establecido en los considerandos 73 y 74 del Reglamento provisional. Por lo tanto, considerando los indicadores financieros en claro deterioro, tales como la rentabilidad, el rendimiento de las inversiones y la tesorería, junto con la pérdida significativa de cuota de mercado, se confirma definitivamente la conclusión establecida en el considerando 81 del Reglamento provisional acerca del perjuicio importante sufrido por la industria comunitaria.

(55)

Como se ha mencionado en el considerando 42, se concluye definitivamente que, durante el período de investigación, los precios medios de las importaciones procedentes de la República Popular China subcotizaron los precios medios de la industria de la Comunidad. Tras una ligera revisión de los cálculos, se determinó que el margen de subcotización medio era del 16,54 %. Esta ligera revisión a la baja no altera las conclusiones sobre el efecto de las importaciones objeto de dumping, enunciadas en los considerandos 83 a 85 del Reglamento provisional y que quedan confirmadas definitivamente.

(56)

Algunos importadores alegaron que la industria de la Comunidad se autoinfligió el perjuicio dentro de una estrategia encaminada a favorecer el precio sobre el volumen, es decir, ocuparse solamente del segmento alto del mercado, renunciando a producir y vender el producto de gama baja. Según los mismos importadores, la consecuencia fue que la industria de la Comunidad no pudo beneficiarse del incremento de la demanda de ácido cítrico de gama baja, y por ello perdió cuota de mercado y se deterioró su rendimiento financiero. La investigación, sin embargo, mostró que ambos, el producto afectado y el producto similar se utilizan básicamente en las mismas aplicaciones y compiten principalmente en los mismos segmentos (véase el considerando 9), con excepción de un mercado muy especializado que representa una pequeña porción de la cuota de mercado europea de ácido cítrico, abastecida hasta ahora solamente por la industria de la Comunidad. La investigación ha establecido que la industria de la Comunidad estaba presente en el segmento de gama baja del mercado. Por lo tanto, este argumento debe rechazarse.

(57)

Además, algunas partes interesadas consideraron la falta de cualquier inversión durante el período considerado y, en especial, durante los años en que la industria de la Comunidad logró mejores resultados, es decir, 2004-2005, como un factor que contribuyó a la pérdida de cuota de mercado y, por lo tanto, al deterioro de su situación. La investigación mostró que la industria de la Comunidad no actuó a plena capacidad y que su utilización de la capacidad fue estable durante el período considerado. Por lo tanto, hubiera sido posible un cierto aumento de la producción en caso de aumento de la demanda sin realizar nuevas inversiones. Además, dado que la rentabilidad de la industria de la Comunidad fue insuficiente durante el período considerado, es decir, inferior al beneficio buscado e incluso negativa, se considera que no invertir cantidades significativas en la producción del producto similar es una decisión económica justificable. Por tanto, este argumento no es convincente y debe rechazarse.

(58)

Casi todas las partes interesadas reiteraron sus alegaciones de que cualquier perjuicio encontrado se debería a la reforma del mercado del azúcar y a la abolición consiguiente de las restituciones por producción en 2006 o el aumento del precio de la energía.

(59)

Una parte interesada adujo que, en el informe anual de un productor comunitario sobre el año 2007, se declaró que la disponibilidad de materia prima fue limitada por el régimen europeo del azúcar que dio lugar a mayores costes. A este respecto, cabe señalar que el productor comunitario mencionado no utiliza azúcar como materia prima principal, sino melaza y, según lo explicado en el considerando 89 del Reglamento provisional, nunca estuvo sujeto a restituciones de producción. No obstante, el aumento del coste de la melaza no fue sustancial, sino que correspondió al aumento de precios del mercado mundial del azúcar. En cuanto a la situación del otro productor comunitario, descrita detalladamente en los considerandos 90 a 94 del Reglamento provisional, no se recibió ninguna información o argumento nuevo o fundamentado. Queda, pues, confirmada definitivamente la conclusión general recogida en el considerando 93 de que la reforma del mercado del azúcar no tuvo un impacto significativo en los costes de la industria de la Comunidad.

(60)

La misma parte interesada alegó que efectivamente habría un vínculo entre los precios del azúcar y la producción de biocombustible biológico, como se reconocía en un estudio de la Comisión sobre «The causes of the Food Price Crisis» (Las causas de la crisis de los precios de los alimentos) (4). A este respecto cabe observar que la Comisión, como ya se indicó en el considerando 98 del Reglamento provisional, tenía acceso a los datos de coste de ambos productores comunitarios y estaba por lo tanto en condiciones de analizar el coste concreto de las materias primas para los dos productores comunitarios en cuanto a la producción de ácido cítrico. Por consiguiente, cualquier vínculo entre los precios del azúcar y la producción de biocombustible biológico ha sido investigado y se ha tenido en cuenta en la evaluación del impacto de la reforma de mercado del azúcar de la UE y de la creciente producción de biocombustible. Sobre esta base, se pudo concluir, y se confirmó definitivamente, que estos factores no incidían significativamente en el perjuicio encontrado y sufrido por la industria de la Comunidad.

(61)

Además, cabe afirmar que ningún aumento de coste referente a la melaza, el azúcar o la glucosa o la energía reconocido en el Reglamento provisional (véanse sus considerandos 93 y 96) es fuente del perjuicio de la industria de la Comunidad dado que, en una situación del mercado normal, la industria de la Comunidad hubiera podido repercutir estos crecientes costes, al menos en parte, en sus clientes. Sin embargo, la investigación mostró la presencia cada vez mayor de importaciones objeto de dumping que subcotizaron significativamente los precios de la industria de la Comunidad. Así pues, tal como se recoge en el considerando 84 del Reglamento provisional, se produjo una bajada de los precios y la industria de la Comunidad solo pudo imputar una parte de sus propios aumentos de coste a sus clientes, lo que produjo un deterioro de su situación financiera y pérdidas adicionales de cuota de mercado.

(62)

Por último, cabe mencionar que la investigación ha mostrado que también aumentaron los costes chinos de producción de ácido cítrico. Sin embargo, estos costes superiores no supusieron una subida de los precios de venta, sino que, al contrario, los precios de venta unitarios incluso disminuyeron en seis puntos porcentuales durante el período considerado, como se muestra en el considerando 63 del Reglamento provisional.

(63)

En vista de lo anterior, deben rechazarse las alegaciones y se confirman definitivamente los considerandos 88 a 99 del Reglamento provisional.

(64)

Algunas partes interesadas reiteraron sus alegaciones de que los productores europeos provocaron ellos mismos la pérdida de cuota de mercado debido al cártel de ácido cítrico (1991-1995), en el que participaron tanto el denunciante como el otro productor europeo, y que se señaló como explicación del auge de las importaciones de ácido cítrico chino. Esta alegación no se sustentó con nuevas pruebas y, por consiguiente, no alteró la conclusión recogida en el considerando 100 del Reglamento provisional de que el gran auge de las importaciones objeto de dumping ocurrió varios años después de que cesara de existir el cártel.

(65)

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se concluye provisionalmente que las consecuencias de las prácticas contrarias a la competencia de la industria de la Comunidad no contribuyeron al perjuicio importante sufrido por esta última.

(66)

Algunas partes interesadas alegaron que la bajada de los precios del ácido cítrico chino durante el período de investigación se debió en gran medida al tipo de cambio desfavorable para pasar de dólares estadounidenses a euros, por la razón de que los precios del ácido cítrico se expresan generalmente en dólares en los mercados mundiales y por la dificultad para ajustar los precios, que suelen negociarse anualmente, a la nueva situación de la divisa.

(67)

Se recuerda que en el considerando 104 del Reglamento provisional se estima no significativo el impacto de cualquier fluctuación monetaria porque, incluso si no se tomara en cuenta la devaluación del dólar estadounidense frente al euro entre 2004 y el período de investigación, que fue del 4,97 %, un reajuste de los cálculos provisionales arrojaría una subcotización superior todavía al 10 %.

(68)

Por lo tanto, se concluyó provisionalmente que la apreciación del euro respecto al dólar estadounidense no era suficiente para romper el nexo causal entre el perjuicio establecido para la industria de la Comunidad y las importaciones en cuestión, por lo que se rechazó esa alegación.

(69)

No habiéndose recibido ninguna información o alegación que aporte datos nuevos de interés, se confirma definitivamente lo expuesto en los considerandos 82 a 110 del Reglamento provisional.

(70)

Habida cuenta de lo anterior, se confirma definitivamente la conclusión provisional sobre la existencia de nexo causal entre el perjuicio importante sufrido por la industria de la Comunidad y las importaciones chinas objeto de dumping.

(71)

Algunos productores de la industria de la Comunidad y los productores exportadores e importadores que cooperaron enviaron observaciones relativas a la necesidad de tomar en consideración determinados acontecimientos importantes posteriores al período de investigación. En segundo lugar, según lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento de base, normalmente no debe tenerse en cuenta la información relativa al dumping y al perjuicio referida a un período posterior al de investigación. Sin embargo, teniendo en cuenta la declaración formulada en los considerandos 119 y 129 del Reglamento provisional, se consideró excepcionalmente necesario recoger datos e información relacionados con el período posterior a junio de 2007 y hasta julio de 2008.

(72)

Algunas partes interesadas alegaron que la imposición de medidas sería innecesaria dado que la rentabilidad de la industria comunitaria alcanzó un elevado nivel tras el período de investigación merced a unos precios notablemente superiores y a la autorregulación del mercado. Durante el período de investigación hubo pruebas de dumping y de perjuicio, y este último fue causado en gran medida por la bajada de los precios debida a las importaciones objeto de dumping. Las estadísticas de importación muestran un aumento medio de los precios de venta chinos de solo un 12 % después del período de investigación. Comparado al nivel de subcotización del 16,54 % observado durante el período de investigación, este aumento es claramente insuficiente al no permitir a la industria de la Comunidad aumentar su precio de venta a un nivel sostenible sin correr el riesgo de perder más clientes a falta de medidas antidumping. Con respecto al nivel de precios de la industria de la Comunidad, se constató que esta industria consiguió aumentar moderadamente sus precios a partir del primer trimestre de 2008, lo cual permitió mejorar su situación financiera. Estos incrementos de los precios, sin embargo, casi coinciden con el inicio del presente procedimiento, por lo que la situación de la industria de la Comunidad ha mejorado a causa de las medidas potenciales antidumping sobre las importaciones procedentes de la República Popular China. Por lo tanto, se concluyó que no había ninguna autorregulación del mercado, o esta era insuficiente para que la imposición de medidas fuera innecesaria. Por lo tanto, se rechaza este argumento.

(73)

No habiéndose recibido ninguna información o alegación nueva y justificada por lo que se refiere al interés de la industria de la Comunidad, se confirma definitivamente la conclusión expuesta en los considerandos 112 a 115 del Reglamento provisional relativo al interés de la industria de la Comunidad.

(74)

La mayoría de las partes interesadas reiteraron su alegación de que la imposición de medidas reduciría notablemente la competencia en el mercado europeo y crearía una situación duopolística en el mercado. Se considera, sin embargo, que la posición fuerte de mercado de que gozan los productores exportadores chinos durante los últimos años hace que la imposición de medidas no los expulse del mercado comunitario, sino que permite restaurar simplemente unas condiciones de competencia equitativas para que la industria de la Comunidad y los productores exportadores chinos puedan competir en igualdad de condiciones. Además, un incremento razonable de los precios en el mercado comunitario podría efectivamente atraer más importaciones de otros terceros países con producción propia, como Israel y Sudamérica, probablemente menos interesados en exportar a un mercado con precios bajos.

(75)

Por otra parte, en caso de que no se impusieran medidas antidumping, no puede excluirse que la industria de la Comunidad se viera obligada a finalizar sus actividades de producción en este sector concreto, lo que conduciría a la hipótesis contraria, es decir, a un monopolio de las importaciones chinas.

(76)

Las partes interesadas también alegaron en su mayoría que, en caso de que las importaciones chinas se detuvieran debido a la imposición de medidas, estaría en peligro la seguridad de suministro porque la industria de la Comunidad no puede satisfacer la demanda en el mercado de la UE incluso si ambos productores produjeran al 100 % de su capacidad. Esto se agravaría por el hecho de que se prevé un aumento de la demanda de ácido cítrico por los efectos del Reglamento (CE) no 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes (5). En dicho Reglamento, la Comisión se compromete a realizar un estudio relativo al uso de fosfatos en detergentes y, basándose en los resultados, presentar una propuesta de acción adecuada. Debido a esta obligación, la Comisión presentó un informe, pero aún no ha propuesto ninguna acción. Sin embargo, incluso si se prohibieran completamente los fosfatos en la industria de los detergentes, sus substitutos principales son las zeolitas y, solo en menor medida, el ácido cítrico.

(77)

Además, varios hechos contradicen la suposición de que cesarían realmente las importaciones chinas.

(78)

Además, la industria de la Comunidad anunció la adopción de medidas adecuadas para aumentar su capacidad de producción. El denunciante anunció un aumento significativo de su capacidad de producción. Según el comunicado de prensa publicado en julio de 2008, esas capacidades adicionales deberían estar completamente disponibles a partir de mediados de 2009, produciéndose el primer aumento en enero de 2009. Esto debería ayudar a satisfacer la demanda en la UE. Se observa asimismo que el otro productor comunitario anunció en agosto de 2008 que cerraría su instalación de producción en China a más tardar en el primer trimestre de 2009 y se centrará en su instalación de producción de la Comunidad.

(79)

Por añadidura, un nivel de precios más atractivo en el mercado de la UE también aumentaría probablemente las importaciones de terceros países y, con esas fuentes alternativas, parece que el suministro queda mejor garantizado que si los usuarios dependieran solamente del ácido cítrico chino. Durante los 12 meses posteriores al período de investigación, por ejemplo, las importaciones procedentes de Israel aumentaron en un 30 %.

(80)

Por tanto, la imposición de medidas no expulsaría a los productores exportadores chinos del mercado, sino que restauraría más bien unas condiciones de competencia equitativas para garantizar fuentes alternativas de suministro.

(81)

Algunas partes interesadas alegaron que, debido al muestreo, la Comisión solo recibió los resultados correspondientes a los importadores de mayor tamaño en Europa, por lo que carecía de información sobre los efectos de los derechos sobre la mayoría abrumadora de pequeños y medianos importadores. Sin embargo, ninguna parte formuló objeción alguna contra la muestra seleccionada y, por consiguiente, se considera que la muestra es representativa de todos los importadores.

(82)

Dado que el ácido cítrico, por término medio, constituye solo el 1 % de los ingresos totales de los importadores, se prevé que los efectos de un derecho antidumping se diluyan en los resultados globales de las empresas.

(83)

A falta de otras observaciones de los importadores, se confirman definitivamente las conclusiones de los considerandos 116 a 120 del Reglamento provisional.

(84)

Después de la etapa provisional, la Comisión intensificó la investigación en lo que se refiere al posible impacto de las medidas sobre los usuarios. Para ello, se pidió información adicional a los usuarios y a las asociaciones nacionales y se llevó a cabo una visita de inspección adicional en los locales de un usuario comunitario.

(85)

La información recibida confirma la conclusión provisional, basada en las respuestas incompletas de los usuarios al cuestionario, como se indica en los considerandos 121 y 122 del Reglamento provisional, según la cual el efecto del ácido cítrico en el coste total de producción de los usuarios es relativamente moderado. Si bien la parte del ácido cítrico en el coste de producción de los usuarios depende naturalmente del producto, se comprobó que oscila generalmente entre menos del 1 y el 20 %. La información adicional antes mencionada también ha confirmado las conclusiones provisionales según las cuales un derecho al nivel del margen de malbaratamiento tendría un efecto muy limitado sobre el coste de producción de los usuarios que cooperaron. Tras la comunicación definitiva, dos de los principales usuarios industriales de ácido cítrico alegaron que este producto representa una elevada proporción en algunos de sus productos y que, por consiguiente, los derechos tendrían un impacto significativo para ellos. En primer lugar, cabe observar que ambos productores elaboran una amplia gama de productos en los que el ácido cítrico se utiliza en distintas proporciones. En segundo lugar, los datos comunicados no permiten probar que estos usuarios vendieran de forma predominante aquellos productos donde el coste de ácido cítrico era más importante. Por último, el argumento no quedó sustentado por nuevos datos. En consecuencia, no pudo aceptarse esta alegación.

(86)

El citado análisis adicional sobre el interés de los usuarios y de los importadores de la Comunidad no ha alterado las conclusiones provisionales a este respecto. Incluso si en ciertos casos la carga pudiera repercutirse íntegramente a los usuarios/importadores, la incidencia financiera negativa sobre estos sería, en todo caso, insignificante. Por ello, se considera que no se modifican las conclusiones sobre el interés de la Comunidad indicadas en el Reglamento provisional. En consecuencia, a falta de otras observaciones, dichas conclusiones se confirman definitivamente.

(87)

Varias partes interesadas discreparon del nivel de margen de beneficio utilizado provisionalmente y alegaron que un beneficio del 9 % es excesivo, sosteniendo que la industria de la Comunidad nunca alcanzó durante el período considerado este nivel de beneficio. Se reconoce que, efectivamente, solo un productor comunitario logró este nivel de beneficio a falta de dumping, es decir, en 2001, mientras que el otro no lo alcanzó. Se reexaminó de esta manera la metodología utilizada para determinar el nivel de eliminación de perjuicio y se consideró más apropiado utilizar como margen de beneficio la media ponderada del margen de beneficio logrado por ambos productores europeos en 2001, es decir, el 6 %.

(88)

Por todo ello, se concluyó que la industria de la Comunidad podría esperar razonablemente lograr un margen de beneficio antes de impuestos del 6 % en ausencia de importaciones objeto de dumping y se utilizó dicho margen en las conclusiones definitivas.

(89)

Los precios de importación chinos se compararon, para el período de investigación, con el precio no perjudicial del producto similar vendido por la industria de la Comunidad en el mercado comunitario. El precio no perjudicial se obtuvo ajustando el precio de venta de la industria de la Comunidad para que reflejara el margen de beneficio, ahora revisado. La diferencia resultante de esta comparación, en porcentaje del valor cif total, ascendió desde el 8,3 % hasta el 42,7 % para cada empresa, es decir, inferior al margen de dumping, excepto en el caso de una empresa.

(90)

A la vista de las conclusiones obtenidas en lo referente al dumping, el perjuicio, la causalidad y el interés de la Comunidad, y de conformidad con el artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base y con la regla del derecho inferior, deben establecerse derechos antidumping definitivos al nivel del margen menor entre los márgenes de dumping y de perjuicio constatados. En todos los casos salvo en uno, el tipo del derecho debe fijarse en consecuencia al nivel del perjuicio comprobado.

(91)

De acuerdo con lo anterior, los derechos definitivos deben ser los siguientes:

(92)

Durante la investigación, seis productores exportadores de la República Popular China ofrecieron compromisos relativos a los precios aceptables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento de base.

(93)

La Comisión, mediante la Decisión 2008/899/CE (6), aceptó las ofertas de compromiso. El Consejo reconoce que las ofertas de compromiso eliminan el efecto perjudicial del dumping y limitan en grado suficiente el riesgo de elusión.

(94)

Para que la Comisión y las autoridades aduaneras puedan supervisar efectivamente el cumplimiento del compromiso por parte de las empresas, cuando se presente a la autoridad aduanera pertinente la solicitud de despacho a libre práctica, la exención del derecho antidumping estará supeditada a que: i) se presente un documento de compromiso, que sea una factura comercial que incluya, como mínimo, los elementos y la declaración que figuran en el anexo, ii) que las mercancías importadas hayan sido fabricadas, enviadas y facturadas directamente por dichas empresas al primer cliente independiente en la Comunidad, y iii) las mercancías declaradas y presentadas en aduana correspondan exactamente a la descripción que figura en la factura de compromiso. En caso de que no se cumplan las condiciones anteriores, se originará el derecho antidumping apropiado en el momento en que se acepte la declaración de despacho a libre práctica.

(95)

Si, en virtud del artículo 8, apartado 9, del Reglamento de base, la Comisión retira su aceptación de un compromiso a raíz de un incumplimiento del mismo respecto a transacciones particulares y declara que los documentos de compromiso correspondientes no son válidos, se originará una deuda aduanera en el momento de la aceptación de la declaración de despacho a libre práctica de dichas transacciones.

(96)

Los importadores deben ser conscientes de que se puede contraer una deuda aduanera, como riesgo comercial normal, en el momento de la aceptación de la declaración de despacho a libre práctica descrita en los considerandos 94 y 95, aunque la Comisión haya aceptado un compromiso ofrecido por el fabricante al que compraban directa o indirectamente.

(97)

Con arreglo al artículo 14, apartado 7, del Reglamento de base, las autoridades aduaneras deben informar de inmediato a la Comisión cuando se hallen indicios de incumplimiento de un compromiso.

(98)

Por los motivos expuestos anteriormente, la Comisión considera aceptables los compromisos propuestos por los productores exportadores y se ha informado a las empresas interesadas de los hechos, las consideraciones y las obligaciones esenciales en que se sustenta la aceptación.

(99)

En caso de incumplimiento o denuncia del compromiso, o si la Comisión retira la aceptación del mismo, el derecho antidumping establecido por el Consejo, con arreglo al artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base se aplicará automáticamente de conformidad con su artículo 8, apartado 9.

(100)

Teniendo en cuenta la amplitud del margen de dumping constatado y el perjuicio causado a la industria de la Comunidad, se considera necesario que los importes garantizados por el derecho antidumping provisional establecido en el Reglamento provisional se perciban definitivamente al tipo de derecho establecido definitivamente. Como el derecho definitivo es más bajo que el provisional, se liberarán los importes provisionalmente garantizados superiores al tipo definitivo del derecho antidumping.

a)

hayan sido fabricadas, enviadas y facturadas directamente por las citadas empresas al primer cliente independiente en la Comunidad;

b)

vayan acompañadas de un documento de compromiso, que es una factura comercial que contiene, como mínimo, los elementos y la declaración establecidos en el anexo del presente Reglamento, y

c)

las mercancías declaradas y presentadas en aduana correspondan de manera precisa a la descripción que figura en el documento de compromiso.

a)

cuando se establezca, respecto a las importaciones descritas en el apartado 1, que no se cumplen una o varias de las condiciones enumeradas en dicho apartado, o

b)

cuando la Comisión retire su aceptación del compromiso con arreglo al artículo 8, apartado 9, del Reglamento (CE) no 384/96, por medio de un reglamento o una decisión que haga referencia a transacciones particulares y declare nulos los correspondientes documentos de compromiso.

3.12.2008   

ES

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L 323/16

3.12.2008   

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L 323/18

(1)

De conformidad con el artículo 9, apartado 1, párrafo primero, y en aplicación del artículo 17, apartado 2, del Reglamento (CE) no 510/2006, la Comisión ha examinado la solicitud del Reino Unido con vistas a la aprobación de las modificaciones del pliego de condiciones de la indicación geográfica protegida «Scottish Farmed Salmon», registrada en virtud del Reglamento (CE) no 2400/96 de la Comisión (2), modificado por el Reglamento (CE) no 1437/2004 (3).

(2)

Al tratarse de modificaciones que no se consideran menores, en la acepción del artículo 9 del Reglamento (CE) no 510/2006, la Comisión ha publicado la solicitud de modificaciones en el Diario Oficial de la Unión Europea  (4), en aplicación del artículo 6, apartado 2, párrafo primero, del citado Reglamento. Dado que no se ha presentado a la Comisión objeción alguna con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) no 510/2006, procede aprobar las modificaciones.

3.12.2008   

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L 323/20

(1)

El artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1670/2006 establece que las cantidades de cereales por las que se concede la restitución son las situadas bajo control y destiladas, a las que se aplica un coeficiente fijado anualmente para cada Estado miembro interesado. Este coeficiente expresa la relación entre las cantidades totales exportadas y las cantidades totales comercializadas de la bebida espirituosa en cuestión, tomando como base la tendencia observada en la evolución de esas cantidades durante el número de años correspondiente al período medio de envejecimiento de la bebida espirituosa.

(2)

De acuerdo con la información suministrada por el Reino Unido para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007, este período medio de envejecimiento para el Scotch whisky (whisky escocés) en 2007 era de ocho años.

(3)

Procede fijar los coeficientes para el período comprendido entre el 1 de octubre de 2008 y el 30 de septiembre de 2009.

(4)

El artículo 10 del Protocolo 3 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo excluye la concesión de restituciones por exportación a Liechtenstein, Islandia y Noruega. Además, la Comunidad ha firmado con algunos terceros países acuerdos que conllevan la supresión de las restituciones por exportación. Por consiguiente, en aplicación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1670/2006, conviene tener en cuenta estos extremos para calcular el coeficiente correspondiente al período 2008/09.

3.12.2008   

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L 323/22

(1)

El Reglamento (CE) no 40/2008 del Consejo, de 16 de enero de 2008, por el que se establecen, para 2008, las posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas comunitarias y, en el caso de los buques comunitarios, en las demás aguas donde sea necesario establecer limitaciones de capturas (3), fija las cuotas para el año 2008.

(2)

Según la información recibida por la Comisión, las capturas de la población citada en el anexo del presente Reglamento por parte de los buques que enarbolan el pabellón del Estado miembro mencionado en dicho anexo o que están registrados en él han agotado la cuota asignada para 2008.

(3)

Es necesario, por lo tanto, prohibir la pesca, la conservación a bordo, el transbordo y el desembarque de peces de dicha población.

3.12.2008   

ES

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L 323/24

(1)

El Reglamento (CE) no 40/2008 del Consejo, de 16 de enero de 2008, por el que se establecen, para 2008, las posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas comunitarias y, en el caso de los buques comunitarios, en las demás aguas donde sea necesario establecer limitaciones de capturas (3), fija las cuotas para el año 2008.

(2)

Según la información recibida por la Comisión, las capturas de la población citada en el anexo del presente Reglamento por parte de buques que enarbolan pabellón del Estado miembro o que están registrados en el Estado miembro mencionado en dicho anexo han agotado la cuota asignada para 2008.

(3)

Es necesario, por lo tanto, prohibir la pesca, la conservación a bordo, el transbordo y el desembarque de peces de dicha población.

3.12.2008   

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L 323/26

(1)

El Reglamento (CE) no 341/2007 de la Comisión (3) prevé la apertura de contingentes arancelarios, fija su modo de gestión e instaura un régimen de certificados de importación y de origen para los ajos y otros productos agrícolas importados de terceros países.

(2)

Las cantidades por las que los importadores tradicionales y los nuevos importadores han presentado solicitudes de certificados «A» durante los cinco primeros días laborables siguientes al decimoquinto día de noviembre de 2008, en virtud del artículo 10, apartado 1, del Reglamento (CE) no 341/2007, rebasan las cantidades disponibles para los productos originarios de China, Argentina, y de todos los terceros países distintos de China y Argentina.

(3)

Asimismo, en virtud del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1301/2006, es necesario determinar en qué medida pueden ser atendidas las solicitudes de certificados «A» presentadas a la Comisión, a más tardar, a finales de noviembre de 2008, en aplicación del artículo 12 del Reglamento (CE) no 341/2007.

3.12.2008   

ES

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L 323/28

(1)

El Reglamento (CE) no 1186/2008 de la Comisión (3) fija los derechos de importación aplicables en el sector de los cereales a partir del 1 de diciembre de 2008.

(2)

Como se ha producido una desviación de 5 EUR por tonelada entre la media de los derechos de importación calculada y el derecho fijado, debe procederse al ajuste correspondiente de los derechos de importación fijados por el Reglamento (CE) no 1186/2008.

(3)

Procede pues modificar el Reglamento (CE) no 1186/2008.

3.12.2008   

ES

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L 323/31

(1)

La Directiva 79/409/CEE (3), establece que determinadas medidas deben adoptarse de conformidad con la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (4).

(2)

La Decisión 1999/468/CE fue modificada por la Decisión 2006/512/CE del Consejo (5), que introdujo el procedimiento de reglamentación con control para la adopción de medidas de alcance general destinadas a modificar elementos no esenciales de un acto de base adoptado de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado, incluso suprimiendo algunos de estos elementos o completando el acto con nuevos elementos no esenciales.

(3)

De conformidad con la declaración del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (6) sobre la Decisión 2006/512/CE, para que el procedimiento de reglamentación con control sea aplicable a los actos ya vigentes adoptados según el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado, estos últimos deben adaptarse de acuerdo con los procedimientos aplicables.

(4)

Conviene, en particular, conferir competencias a la Comisión para que modifique determinados anexos de la Directiva 79/409/CEE a la luz del progreso científico y técnico. Dado que estas medidas son de alcance general y están destinadas a modificar elementos no esenciales de la Directiva 79/409/CEE, incluso completándola con nuevos elementos no esenciales, deben adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control previsto en el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

(5)

Procede, por tanto, modificar la Directiva 79/409/CEE en consecuencia.

(6)

Puesto que las modificaciones aportadas a la Directiva 79/409/CEE mediante la presente Directiva son de carácter técnico y solo afectan al procedimiento de comité, no necesitan ser incorporadas por los Estados miembros. Por consiguiente, no es necesario establecer disposiciones al efecto.

1)

El artículo 15 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 15

Se adoptarán las modificaciones necesarias para adaptar al progreso técnico y científico los anexos I y V, así como las modificaciones contempladas en el artículo 6, apartado 4, párrafo segundo. Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 17, apartado 2.».

2)

El artículo 17 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 17

1.   La Comisión estará asistida por el Comité para la adaptación al progreso técnico y científico.

2.   En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación el artículo 5 bis, apartados 1 a 4, y el artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.».

3.12.2008   

ES

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L 323/33

(1)

La Directiva 2001/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa al nivel mínimo de formación en profesiones marítimas (3), ha sido modificada de forma sustancial en numerosas ocasiones (4). Con motivo de nuevas modificaciones de dicha Directiva, conviene, en aras de la claridad, proceder a una refundición de las disposiciones en cuestión.

(2)

Las medidas que se adopten en el plano comunitario sobre seguridad marítima y prevención de la contaminación marina deben ajustarse a las reglas y normas acordadas internacionalmente.

(3)

Es preciso prestar la debida atención a la situación de la formación náutica y al estatuto de los marinos en la Comunidad, si se quieren mantener y desarrollar los conocimientos y competencias de la gente de mar dentro de la Comunidad.

(4)

Debe garantizarse una formación adecuada para la expedición de diplomas, títulos y certificados de aptitud profesional de los marinos en aras de la seguridad marítima.

(5)

La Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de títulos profesionales (5), se aplica a las profesiones marítimas objeto de la presente Directiva. Dicha Directiva contribuye a facilitar el cumplimiento de las obligaciones del Tratado destinadas a suprimir los obstáculos a la libre circulación de personas y la libre prestación de servicios entre los Estados miembros.

(6)

El reconocimiento mutuo de los diplomas y títulos, previsto por la Directiva 2005/36/CE, no siempre garantiza un nivel de formación armonizado para todos los marinos enrolados en buques que enarbolan pabellón de un Estado miembro. Esta formación armonizada resulta, sin embargo, esencial desde el punto de vista de la seguridad marítima.

(7)

Por lo tanto, es imprescindible establecer un nivel mínimo de formación para los marinos en la Comunidad. Dicho nivel debe basarse en las normas sobre formación ya convenidas a escala internacional, es decir, el Convenio de la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar, 1978 (Convenio STCW), revisado en 1995. Todos los Estados miembros son Partes contratantes de dicho Convenio.

(8)

Los Estados miembros pueden establecer normas más estrictas que las normas mínimas contenidas en el Convenio STCW y en la presente Directiva.

(9)

Las reglas del Convenio STCW anejas a la presente Directiva deben complementarse con las disposiciones obligatorias que figuran en la parte A del Código de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (Código STCW). La parte B del Código STCW contiene recomendaciones destinadas a ayudar a las Partes contratantes del Convenio STCW, y a quienes participen en la ejecución, aplicación o control del cumplimiento de sus medidas, a dar a este Convenio pleno efecto de manera uniforme.

(10)

A fin de mejorar la seguridad marítima y prevenir la contaminación del mar, procede incluir en la presente Directiva las disposiciones del Convenio STCW relativas a los períodos mínimos de descanso para el personal de guardia. Dichas disposiciones deben aplicarse sin perjuicio de las disposiciones de la Directiva 1999/63/CE del Consejo, de 21 de junio de 1999, relativa al Acuerdo sobre ordenación del tiempo de trabajo de la gente de mar suscrito por la Asociación de Armadores de la Comunidad Europea (ECSA) y la Federación de Sindicatos del Transporte de la Unión Europea (FST) (6).

(11)

Los Estados miembros deben adoptar y hacer cumplir medidas específicas para prevenir y sancionar las prácticas fraudulentas relacionadas con los títulos de competencia, así como proseguir sus esfuerzos en el seno de la OMI por llegar a acuerdos estrictos y ejecutorios relativos a la lucha mundial contra estas prácticas.

(12)

Con el fin de acrecentar la seguridad de la navegación marítima y de prevenir la pérdida de vidas humanas y la contaminación marina, debe mejorarse la comunicación entre los miembros de tripulaciones de buques que naveguen en aguas de la Comunidad.

(13)

El personal encargado, a bordo de los buques de pasaje, de ayudar a los pasajeros en situaciones de emergencia debe estar en condiciones de comunicarse con estos.

(14)

La tripulación enrolada en buques tanque que transporten cargas nocivas o contaminantes debe estar en condiciones de prevenir accidentes y hacer frente a situaciones de emergencia de forma eficaz. Resulta, pues, de la máxima importancia que se establezca una relación de comunicación adecuada entre el capitán, los oficiales y los marineros, que cumpla los requisitos previstos en la presente Directiva.

(15)

Es esencial garantizar que los marinos en posesión de títulos expedidos por terceros países y que presten servicio a bordo de buques comunitarios tengan un nivel de aptitud equivalente al que exige el Convenio STCW. La presente Directiva debe establecer procedimientos y criterios comunes para el reconocimiento por los Estados miembros de los títulos expedidos por terceros países, basados en los requisitos de formación y titulación acordados en el marco del Convenio STCW.

(16)

En interés de la seguridad en el mar, los Estados miembros solo deben reconocer los títulos que certifiquen el nivel exigido de formación cuando hayan sido expedidos por Partes contratantes del Convenio STCW, u otros en su nombre, de quienes el Comité de Seguridad Marítima (CSM) de la OMI haya comprobado que cumplen plenamente las normas que dicta el Convenio. Para salvar el lapso de tiempo que necesita el Comité de la OMI para realizar esta labor de comprobación debe establecerse un procedimiento provisional de reconocimiento de los títulos.

(17)

Cuando proceda, deben efectuarse inspecciones de los centros de formación náutica, así como de los programas y los cursos. Por consiguiente, deben establecerse criterios para dichas inspecciones.

(18)

La comisión debe estar asistida por un comité en la realización de los trabajos correspondientes al reconocimiento de títulos o certificados expedidos por centros de formación o administraciones de terceros países.

(19)

La Agencia Europea de Seguridad Marítima, creada por el Reglamento (CE) no 1406/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), debe ayudar a la Comisión en el control del cumplimiento por parte de los Estados miembros de los requisitos establecidos en la presente Directiva.

(20)

Los Estados miembros, en su calidad de autoridades portuarias, deben mejorar la seguridad y la prevención de la contaminación en aguas comunitarias mediante la inspección con carácter prioritario de los buques que enarbolen pabellón de un tercer país que no haya ratificado el Convenio STCW, garantizando de este modo que no se dispense un trato más favorable a los buques que enarbolen pabellón de un tercer país.

(21)

Conviene incluir en la presente Directiva disposiciones sobre control por parte del Estado del puerto, hasta tanto se modifique la Directiva 95/21/CE del Consejo (8), relativa al control de los buques por el Estado del puerto, a fin de trasladar a la misma las disposiciones sobre control, por parte del Estado del puerto, que figuran en la presente Directiva.

(22)

Es necesario contemplar procedimientos de adaptación de la presente Directiva a las modificaciones de los convenios y códigos internacionales.

(23)

Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (9).

(24)

Conviene, en particular, conferir competencias a la Comisión para que modifique la presente Directiva con objeto de aplicar, a efectos de la misma, las modificaciones posteriores de determinados códigos internacionales, así como cualquier modificación de la legislación comunitaria. Dado que estas medidas son de alcance general y están destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva, deben adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control previsto en el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

(25)

Los nuevos elementos introducidos en la presente Directiva se refieren únicamente a los procedimientos de comité. Por consiguiente, no es preciso que sean objeto de incorporación al Derecho interno por parte de los Estados miembros.

(26)

La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de incorporación al Derecho interno de las Directivas que figuran en la parte B del anexo III.

1)

«capitán»: la persona que está al mando de un buque;

2)

«oficial»: el miembro de la tripulación, distinto del capitán, nombrado como tal por la legislación o las normas nacionales o, de no haber tal nombramiento, por acuerdo colectivo o la costumbre;

3)

«oficial de puente»: un oficial competente conforme a lo dispuesto en el capítulo II del anexo I;

4)

«piloto de primera»: el oficial que sigue en rango al capitán y que en caso de incapacidad de este habrá de asumir el mando del buque;

5)

«maquinista naval»: un oficial competente conforme a lo dispuesto en el capítulo III del anexo I;

6)

«jefe de máquinas»: el oficial de máquinas superior responsable de la propulsión mecánica, así como del funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones mecánicas y eléctricas del buque;

7)

«primer oficial de máquinas»: el oficial que sigue en rango al jefe de máquinas y que en caso de incapacidad de este asumirá la responsabilidad de la propulsión mecánica, así como del funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones mecánicas y eléctricas del buque;

8)

«maquinista naval auxiliar»: una persona en período de formación para jefe de máquinas y nombrado como tal por la legislación o las normas nacionales;

9)

«operador de radiocomunicaciones»: la persona que tenga un título idóneo, expedido o reconocido por las autoridades competentes en virtud de lo dispuesto en el Reglamento de radiocomunicaciones;

10)

«marinero»: un miembro de la tripulación del barco que no sea capitán ni oficial;

11)

«buque de navegación marítima»: un buque distinto de los que navegan exclusivamente por aguas interiores o en aguas dentro de aguas protegidas o de zonas a las que se aplique la normativa portuaria, o muy próximos a dichas aguas;

12)

«buque que enarbola el pabellón de un Estado miembro»: el buque registrado en un Estado miembro que navegue bajo su bandera con arreglo a su legislación; los buques que no correspondan a esta definición se asimilarán a los que naveguen bajo la bandera de un tercer país;

13)

«viajes próximos a la costa»: los trayectos en las cercanías de un Estado miembro según lo defina ese Estado miembro;

14)

«potencia propulsora»: la máxima potencia continua de régimen en kilovatios, que en conjunto tienen todas las máquinas propulsoras principales del buque y que figura consignada en la certificación del registro o en otro documento oficial del buque;

15)

«petrolero»: un buque construido y utilizado para el transporte a granel de petróleo o de productos del petróleo;

16)

«buque cisterna para productos químicos»: un buque construido o adaptado para el transporte a granel de cualquiera de los productos líquidos enumerados en el capítulo 17 del Código Internacional de Graneleros Químicos, en su versión vigente;

17)

«buque cisterna para gases licuados»: un buque construido o adaptado para el transporte a granel de cualquiera de los gases licuados u otros productos enumerados en el capítulo 19 del Código Internacional de Gaseros, en su versión vigente, y que se utiliza para esa finalidad;

18)

«Reglamento de radiocomunicaciones»: Reglamento de radiocomunicaciones revisado, adoptado por la Conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones para el servicio móvil, en su versión vigente;

19)

«buque de pasaje»: un buque de navegación marítima que transporte más de 12 pasajeros;

20)

«buque pesquero»: un buque utilizado para la captura de peces u otros recursos vivos del mar;

21)

«Convenio STCW»: el Convenio Internacional de la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar, de 1978, aplicable a los temas pertinentes, teniendo en cuenta las disposiciones transitorias del artículo VII y la regla I/15 del Convenio, e incluyendo, siempre que sean pertinentes, las disposiciones aplicables del Código STCW, todos ellos en su versión vigente;

22)

«deberes relacionados con el servicio radioeléctrico»: los de guardia y los relativos a operaciones técnicas de mantenimiento y reparación, según proceda, cuyo desempeño se efectúa de conformidad con las disposiciones del Reglamento de radiocomunicaciones, el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, de 1974 (SOLAS 74), y, a discreción de cada Estado miembro, las recomendaciones pertinentes de la OMI, todos ellos en su versión vigente;

23)

«buque de pasaje de transbordo rodado»: un buque de pasaje con espacios de carga rodada o de categoría especial como se definen en el SOLAS 74, en su versión vigente;

24)

«Código STCW»: el Código de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar aprobado mediante la Resolución 2 de la Conferencia de las Partes del Convenio STCW de 1995, en su versión vigente;

25)

«función»: el conjunto de tareas, obligaciones y responsabilidades especificadas en el Código STCW, necesarias para el funcionamiento del buque, la seguridad de la vida humana en el mar o la protección del medio marino;

26)

«compañía»: el propietario de un buque o cualquier otra organización o persona, por ejemplo el gestor naval o fletador de un buque sin tripulación, que recibe del propietario la responsabilidad de su explotación y al hacerlo acuerda asumir todas las obligaciones y responsabilidades derivadas de la presente Directiva;

27)

«título idóneo»: el título expedido y refrendado en virtud de las disposiciones de la presente Directiva, y que faculta a su legítimo titular para prestar servicio, en la calidad estipulada y desempeñando las funciones previstas para el nivel de responsabilidad especificado, en un buque del tipo, arqueo, potencia y medios de propulsión pertinentes mientras dura la travesía emprendida;

28)

«período de embarco»: el servicio prestado a bordo de un buque y que cuenta para la obtención de un título u otra cualificación;

29)

«homologado»: aprobado por un Estado miembro de acuerdo con las disposiciones de la presente Directiva;

30)

«tercer país»: cualquier país que no sea un Estado miembro;

31)

«mes»: el mes de calendario o treinta días compuestos por períodos inferiores a un mes.

a)

buques de guerra, unidades navales auxiliares u otros tipos de buques de los que un Estado miembro sea propietario o empresa explotadora, y dedicados exclusivamente a servicios gubernamentales de carácter no comercial;

b)

buques pesqueros;

c)

yates de recreo no utilizados comercialmente;

d)

buques de madera de construcción primitiva.

a)

exigir que en el examen previo a la expedición de un título conforme al Reglamento de radiocomunicaciones se incluyan los conocimientos complementarios que prescriben las reglas pertinentes, o

b)

expedir una certificación por separado en la que se indique que el titular posee los conocimientos adicionales que prescriben las reglas pertinentes.

a)

podrán expedirse como documentos separados;

b)

llevarán asignado un número único, a excepción de los refrendos que atestigüen la expedición de un título, en cuyo caso se podrá asignar el mismo número que el del título en cuestión, a condición de que dicho número sea único, y

c)

caducarán cuando caduque el título refrendado o cuando este sea retirado, suspendido o cancelado por el Estado miembro o el tercer país que lo expidió, y, en todo caso, cinco años después de la fecha de su expedición.

a)

la compañía o el capitán que contrate a una persona que no posea el título exigido por la presente Directiva;

b)

el capitán que haya permitido que una determinada función o servicio, que en virtud de la presente Directiva deba realizar una persona titulada, la haya llevado a cabo alguien sin el título exigido, sin una dispensa válida o sin tener la prueba documentada prescrita en el artículo 19, apartado 7, o

c)

la persona que obtenga, mediante fraude o documentación falsa, un contrato para ejercer alguna de las funciones o desempeñar una determinada tarea para las cuales la presente Directiva prescribe la oportuna titulación o la correspondiente dispensa.

a)

todas las actividades de formación, evaluación de la competencia, titulación, refrendo y revalidación realizadas bajo su autoridad por organizaciones o entidades no gubernamentales se supervisen y verifiquen en todo momento, mediante un sistema de normas de calidad para garantizar la consecución de los objetivos que se hayan determinado, incluidos los relativos a la cualificación y experiencia de los instructores y evaluadores;

b)

en los casos en que de tales actividades se encarguen organismos o entidades gubernamentales, se haya establecido un sistema de normas de calidad;

c)

las metas de la instrucción y formación, así como las respectivas normas de competencia que deban alcanzarse, queden claramente definidas, y en ellas se identifiquen los niveles de conocimientos, comprensión y aptitud apropiados para los exámenes y evaluaciones que prevé el Convenio STCW;

d)

el ámbito de aplicación de las normas de calidad abarque los distintos aspectos administrativos del sistema de titulación, todos los cursos y programas de formación, los exámenes y evaluaciones llevados a cabo por el Estado miembro o bajo su autoridad, así como las calificaciones y experiencia exigidas a los instructores y evaluadores, habida cuenta de la normativa, los sistemas, inspecciones y exámenes internos para determinar la garantía de calidad que se hayan habilitado con miras a la consecución de los objetivos especificados.

a)

todas las medidas internas de control y vigilancia de la gestión, y las de seguimiento, se ajustan a planes previamente definidos y a procedimientos documentados, y se revelan eficaces para la consecución de los objetivos fijados;

b)

los resultados de cada evaluación independiente se documentan y se ponen en conocimiento de los responsables del área evaluada, y

c)

se adoptan las medidas oportunas para paliar las deficiencias.

a)

su identidad;

b)

que su edad no es inferior a la especificada en la regla pertinente para el título solicitado que figura en el anexo I;

c)

que satisface las normas sobre aptitud física aprobadas por el Estado miembro, particularmente por lo que atañe a la vista y al oído, y posee un certificado médico válido expedido por un facultativo debidamente cualificado y reconocido por la autoridad competente del Estado miembro;

d)

que ha cumplido el período de embarco prescrito y recibido la formación de carácter obligatorio exigida en virtud de las reglas que figuran en el anexo I para obtener el título que se solicita, y

e)

que cumple las normas de competencia prescritas por las reglas que figuran en el anexo I en lo que respecta a las aptitudes, funciones y niveles que se harán constar en el refrendo del título.

a)

mantener un registro o registros de todos los títulos y refrendos para capitanes y oficiales y también para marineros, según proceda, que se hayan expedido, hayan caducado o se hayan declarado perdidos o destruidos, así como de las dispensas concedidas, y

b)

facilitar información sobre el carácter de dichos títulos, refrendos y dispensas a otros Estados miembros o a otros Estados Partes del Convenio STCW y a las compañías que hayan solicitado la verificación de la autenticidad y validez de los títulos presentados por la gente de mar que solicita, ya sea el reconocimiento de tales títulos, o bien la contratación de sus servicios a bordo.

a)

aptitud física, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, y

b)

la debida competencia profesional, conforme a lo prescrito en la sección A-I/11 del Código STCW.

a)

toda formación obligatoria con simuladores;

b)

cualquier evaluación de la competencia que la parte A del Código STCW exija y que deba llevarse a cabo con un simulador, y

c)

cualquier demostración de suficiencia con carácter continuo y en simulador que exija la parte A del Código STCW.

a)

que toda la gente de mar asignada a cualquiera de sus buques posee la debida titulación de conformidad con las disposiciones pertinentes de la presente Directiva, y según haya determinado el Estado miembro;

b)

que sus buques van tripulados con arreglo a las prescripciones pertinentes sobre dotación mínima de seguridad estipuladas por el Estado miembro;

c)

que la documentación y los datos pertinentes de toda la gente de mar empleada a bordo de sus buques se conservan y están fácilmente disponibles, e incluyen información relativa a su experiencia, formulación, aptitud física y competencia para desempeñar las funciones que le han sido asignadas;

d)

que la gente de mar que se asigne a cualquiera de sus buques este familiarizada con sus funciones específicas y con todos los dispositivos, instalaciones, equipo, procedimientos y características del buque que sean pertinentes para desempeñar sus funciones en situaciones normales o de emergencia, y

e)

que la dotación del buque puede coordinar sus actividades de manera eficaz en una situación de emergencia y al desempeñar funciones que son vitales para la seguridad o para prevenir o reducir la contaminación.

a)

asignación de un plazo prudencial para que toda la gente de mar que ingrese en la dotación pueda familiarizarse con:

b)

la designación de un tripulante bien informado que habrá de cerciorarse de que a toda la gente de mar que ingrese en la dotación se le proporcione la información necesaria en un idioma que entienda.

a)

proporcionen la formación contemplada en el artículo 3;

b)

organicen o supervisen los exámenes, cuando así sea preciso;

c)

expidan los títulos contemplados en el artículo 11;

d)

otorguen las dispensas que establece el artículo 16.

a)

toda formación y evaluación de la gente de mar:

b)

toda persona que imparta formación o realice una evaluación en el empleo a bordo de un buque solo efectuará tales actividades cuando estas no afecten negativamente al funcionamiento normal del buque y pueda dedicar su tiempo y atención a la formación o evaluación;

c)

los instructores, supervisores y evaluadores estarán debidamente cualificados para el tipo y nivel particulares de formación o la correspondiente evaluación de la competencia de la gente de mar, tanto en tierra como a bordo;

d)

toda persona que imparta una formación en el empleo, a bordo o en tierra, que vaya a ser utilizada por la gente de mar a efectos de titulación en virtud de la presente Directiva, deberá:

e)

toda persona responsable de supervisar la formación de la gente de mar en empleo a efectos de titulación, tendrá que haber adquirido una comprensión plena del programa y de los objetivos didácticos apropiados para el tipo de formación que se imparta;

f)

toda persona que realice una evaluación en el empleo de la competencia de la gente de mar, a bordo o en tierra, a efectos de titulación en virtud de la presente Directiva, deberá:

g)

todo Estado miembro que reconozca un curso de formación, una institución docente, o una cualificación otorgada por una institución docente, como parte de sus requisitos para expedir un título, se asegurará de que el ámbito de aplicación de las disposiciones sobre normas de calidad establecidas en el artículo 10 abarcan las cualificaciones y experiencia de los instructores y evaluadores. Dichas cualificaciones, experiencia y aplicación de las normas de competencia incluirán la necesaria formación en técnicas de instrucción, así como métodos y prácticas sobre formación y evaluación, y cumplirán los requisitos estipulados en las letras d), e) y f).

a)

sin perjuicio de lo dispuesto en las letras b) y d), en todos los buques que enarbolen el pabellón de un Estado miembro existan en todo momento medios que permitan la comunicación verbal efectiva entre todos los miembros de la tripulación del buque, especialmente por lo que respecta a la recepción y comprensión correctas y puntuales de mensajes e instrucciones;

b)

a bordo de todos los buques de pasaje que naveguen bajo pabellón de un Estado miembro, así como a bordo de todos los buques de pasaje que comiencen o terminen un viaje en un puerto de los Estados miembros, a fin de garantizar una actuación eficaz de la tripulación en aquellos temas relacionados con la seguridad, se establezca una lengua de trabajo, que figurará en el diario de a bordo;

la compañía o, en su caso, el capitán determinarán la lengua de trabajo adecuada. Cada marinero deberá poder entenderla y, en su caso, servirse de la misma para dar órdenes e instrucciones así como para producir informes;

cuando la lengua de trabajo no sea una lengua oficial del Estado miembro, todos los planes y listas que deban cumplimentarse habrán de incluir traducciones a la lengua de trabajo;

c)

a bordo de los buques de pasaje, el personal nombrado en las listas correspondientes para ayudar a los pasajeros en situaciones de emergencia será fácilmente identificable y tendrá conocimientos de comunicaciones suficientes a tal fin, teniendo en cuenta la combinación adecuada y apropiada de cualquiera de los criterios siguientes:

d)

a bordo de los petroleros, de los buques cisterna para productos químicos y de los buques cisterna para gases licuados que naveguen bajo pabellón de un Estado miembro, el capitán, los oficiales y los marineros deberán poder comunicarse entre sí en una o varias lenguas de trabajo comunes;

e)

deberá haber medios adecuados para la comunicación entre el buque y las autoridades de tierra; estas comunicaciones se llevarán a cabo con arreglo al capítulo V, regla 14, apartado 4, del SOLAS 74;

f)

al realizar el control por el Estado del puerto con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 95/21/CE, los Estados miembros comprobarán también que los buques que naveguen bajo pabellón de un Estado distinto de los Estados miembros cumplan lo dispuesto en el presente artículo.

a)

comprobar que toda la gente de mar que presta servicio a bordo para la cual se exija titulación de conformidad con el Convenio STCW posee el título idóneo o una dispensa válida o presenta prueba documental de que ha presentado una solicitud para la obtención de un refrendo para el reconocimiento ante las autoridades del país del pabellón del buque;

b)

comprobar que los efectivos y titulación de la gente de mar que presta servicio a bordo se ajustan a las prescripciones sobre dotación de seguridad estipuladas por las autoridades del país del pabellón del buque.

a)

el buque se haya visto envuelto en un abordaje o haya varado, o

b)

hallándose el buque navegando, fondeado o atracado, se haya producido desde él una descarga de sustancias que sea ilícita en virtud de un convenio internacional, o

c)

el buque haya maniobrado de un modo irregular o peligroso al no haberse seguido las medidas de organización del tráfico adoptadas por la OMI, o bien prácticas y procedimientos de navegación segura, o

d)

el funcionamiento del buque sea tal que plantee un peligro para las personas, los bienes o el medio ambiente, o

e)

el título se haya obtenido fraudulentamente o el poseedor de un título no sea la persona a la que se haya expedido dicho título, o

f)

el buque enarbole pabellón de un país que no haya ratificado el Convenio STCW o tenga un capitán, oficiales o marineros cuyos títulos hayan sido expedidos por un tercer país que no haya ratificado el Convenio STCW.

a)

que la gente de mar carezca de titulación idónea, o de una dispensa válida, o no presente prueba documental de que ha presentado una solicitud ante las autoridades del Estado de pabellón para la obtención de un refrendo;

b)

el incumplimiento de las prescripciones aplicables sobre dotación de seguridad en el Estado de pabellón;

c)

que el modo en que se haya organizado la guardia de navegación o de máquinas no se ajuste a los requisitos prescritos por el Estado de pabellón;

d)

la ausencia en la guardia de una persona competente que pueda accionar equipo esencial para navegar con seguridad, asegurar las radiocomunicaciones o prevenir la contaminación del mar;

e)

la imposibilidad de presentar pruebas de capacitación profesional para las tareas asignadas a la gente de mar en materia de seguridad del buque y prevención de la contaminación;

f)

que se carezca de personal suficientemente descansado y apto para el servicio, para la primera guardia al comenzar el viaje, y para las guardias siguientes.

a)

«200 toneladas de arqueo bruto» podrá sustituirse por «500 toneladas de arqueo bruto», y

b)

«1 600 toneladas de arqueo bruto» podrá sustituirse por «3 000 toneladas de arqueo bruto».

3.12.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 323/62

(1)

Mediante el Reglamento (CE) no 488/2008 (2), la Comisión estableció unos derechos antidumping provisionales a las importaciones de ácido cítrico originario de la República Popular China (en lo sucesivo, «China»).

(2)

Tras la adopción de las medidas antidumping provisionales, la Comisión continuó investigando el dumping, el perjuicio causado y el interés de la Comunidad. Las observaciones y conclusiones definitivas de su investigación quedan recogidas en el Reglamento (CE) no 1193/2008 del Consejo (3), por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido a las importaciones de ácido cítrico originario de China.

(3)

La investigación confirmó las conclusiones provisionales, según las cuales las importaciones de ácido cítrico originario de China eran objeto de un dumping causante de perjuicio.

(4)

A raíz de la adopción de las medidas antidumping provisionales, seis productores exportadores de China que cooperaron, concretamente Anhui BBCA Biochemical, RZBC, TTCA, Yixing Union Biochemical, Laiwu Taihe Biochemistry y Weifang Ensign Industry, ofrecieron unos compromisos de precios con arreglo al artículo 8, apartado 1, del Reglamento de base. En estos compromisos, los productores exportadores ofrecieron vender el producto afectado a unos precios que se sitúan en los niveles, o por encima de los niveles, necesarios para eliminar el efecto perjudicial del dumping. Cada exportador ofreció un precio mínimo de importación diferente para cada tipo de producto a fin de limitar el riesgo de elusión.

(5)

Además, las ofertas prevén la indización de los precios mínimos, dado que los precios del producto afectado oscilan de manera significativa; concretamente, después del periodo de investigación se registró un aumento considerable de los precios. La indización se realiza conforme a la cotización internacional pública del maíz, la principal materia prima utilizada por los productores exportadores. No obstante, los productores exportadores se prestaron a fijar los precios mínimos a un nivel no perjudicial aun cuando la indización llevara a un precio inferior.

(6)

Laiwu Taihe Biochemistry, empresa a la que se concedió trato de economía de mercado, ofreció calcular su precio mínimo a partir del valor normal establecido durante la investigación.

(7)

Por otra parte, a fin de reducir el riesgo de un eventual incumplimiento de los precios acordados mediante una compensación cruzada, los productores exportadores se ofrecieron en primer lugar, en caso de vender el producto a un cliente de la UE cuya organización o estructura abarque un ámbito más amplio que la Comunidad, a notificar todas las ventas a este cliente en otros países no pertenecientes a la UE. En segundo lugar, los productores exportadores acordaron respetar un cierto régimen de precios respecto a estas ventas fuera de la UE.

(8)

Los productores exportadores se comprometieron también a facilitar a la Comisión información periódica y detallada sobre sus exportaciones a la Comunidad, lo que permitirá a la Comisión velar eficazmente por el respeto de los compromisos.

(9)

Cabe mencionar asimismo que la Cámara de Comercio de Importadores y Exportadores de Metales, Minerales o Productos Químicos de China se suma al compromiso de estas seis empresas contempladas en el considerando (4), y que, por lo tanto, desempeñará un papel activo en el seguimiento de estos compromisos. Por consiguiente, la Comisión considera que el riesgo de incumplimiento de los compromisos acordados es limitado.

(10)

Tras hacerse públicas las ofertas de compromiso, la industria de la Comunidad denunciante se opuso a ellas. Alegó que una indización basada en el maíz no es adecuada por constituir otros elementos las principales variables de los costes, y propuso, en su lugar, una indización a partir de las materias primas y de los gastos energéticos. Por lo que respecta a la sugerencia de la industria de la Comunidad de basar la indización también en la energía, cabe indicar que la energía no es un factor decisivo en los costes. Además, el factor energético no sería una fuente clara de indización, ya que la energía puede proceder de fuentes tan distintas como el carbón, el gas natural o la electricidad.

(11)

Asimismo, la industria de la Comunidad adujo que, al vender los productores exportadores el producto sujeto a un compromiso a compañías multinacionales, existe un elevado riesgo de compensación cruzada, es decir, de que el producto sujeto al compromiso se venda al mismo cliente a precios artificialmente bajos fuera de la Comunidad para compensar los precios mínimos que deben respetarse en la CE. A este respecto, cabe mencionar que el producto afectado que se exporta a la CE se vende mayoritariamente a operadores comerciales y no a compañías multinacionales. No obstante, a fin de reducir cualquier otro riesgo de una compensación cruzada de precios entre determinadas empresas, las ofertas incluyen cláusulas especiales de compensación cruzada en relación con las ventas de las empresas en cuestión a clientes comunitarios cuya organización o estructura abarque un ámbito más amplio que la UE. Estas cláusulas disminuyen notablemente el riesgo de compensación cruzada.

(12)

En consecuencia, los compromisos ofrecidos por los productores exportadores se consideran aceptables.

(13)

Para que la Comisión pueda controlar eficazmente que las empresas respetan los compromisos, cuando se presente a la autoridad aduanera pertinente la solicitud de despacho a libre práctica, la exención del derecho antidumping estará supeditada a lo siguiente: i) la presentación de una factura relativa al compromiso en la que consten, al menos, los datos que figuran en el anexo del Reglamento (CE) no 1193/2008; ii) que las mercancías importadas hayan sido fabricadas, enviadas y facturadas directamente por la empresa en cuestión al primer cliente independiente en la Comunidad; y iii) que las mercancías declaradas y presentadas en aduana correspondan exactamente a la descripción que figura en la factura relativa al compromiso. Si no se hace entrega de dicha factura o si esta no corresponde al producto presentado en aduana, deberá abonarse el tipo apropiado de derecho antidumping.

(14)

Para mayor garantía de cumplimiento de los compromisos, en el citado Reglamento del Consejo se informa a los importadores de que el incumplimiento de las condiciones previstas en el mismo o la denuncia de la aceptación de los compromisos por parte de la Comisión puede implicar la contracción de una deuda aduanera por las transacciones correspondientes.

(15)

En caso de incumplimiento o denuncia de un compromiso por cualquiera de las partes, o en caso de denuncia de la aceptación del compromiso por la Comisión, se aplicará automáticamente el derecho antidumping establecido con arreglo al artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base, de conformidad con su artículo 8, apartado 9.

3.12.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 323/65

(1)

El 12 de febrero de 2008, el Consejo adoptó la Acción Común 2008/107/PESC (1).

(2)

El mandato del Representante Especial de la Unión Europea debe modificarse para tener en cuenta el papel de este último en el seguimiento de la ejecución de la Estrategia de la Unión Europea para una nueva asociación con Asia Central, adoptada por el Consejo Europeo en junio de 2007.

«i)

contribuir a la definición de los aspectos de la PESC relacionados con la seguridad energética, la lucha contra la droga y la gestión de los recursos hídricos en lo que se refiere a Asia Central.».

3.12.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 323/66

(1)

El 1 de septiembre de 2008, el Consejo Europeo declaró que la Unión Europea está dispuesta a comprometerse para apoyar todos los esfuerzos en pro de una solución pacífica y duradera de los conflictos en Georgia, y a secundar medidas de confianza.

(2)

El 15 de septiembre de 2008, el Consejo respaldó la idea de una investigación internacional independiente sobre el conflicto de Georgia.

(3)

Conviene nombrar a la Sra. Heidi TAGLIAVINI Jefe de dicha misión de investigación.

3.12.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 323/s3